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Punto de acuerdo para corregir caso de Alberta y Teresa

Por Gladis Torres Ruiz

A fin de que el Tribunal Unitario de Circuito de Querétaro “corrija” su veredicto en el caso de las indígenas otomíes Alberta Alcántara Juan y Teresa González Cornelio, sentenciadas a 21 años de cárcel por el “secuestro” de 6 integrantes de la desaparecida Agencia Federal de Investigación (AFI), la próxima semana el Senador Lázaro Mazón Alonso, del Partido de la Revolución Democrática (PRD), presentará un punto de acuerdo.

En comunicado de prensa, el Senador del partido del sol azteca informó que en el caso de las otomíes presas desde hace 3 años, es urgente que el Tribunal se apegue a los principios de independencia e imparcialidad. “Que se analicen de forma objetiva las pruebas de cargo y descargo para que se pueda corregir el veredicto”.

Afirmó que el sistema de justicia en México es profundamente discriminatorio y “es usado de manera facciosa para fabricar delitos e instaurar procedimientos irregulares e injustos”.

Por lo que Lázaro Mazón, pidió al Poder Judicial del estado de Querétaro actuar con imparcialidad en el caso de Alberta Alcántara y Teresa González, toda vez que esta es la segunda ocasión en que el juez cuarto de distrito de Querétaro y quien llevó el caso, Rodolfo Pedraza Longi, condena a Alberta y a Teresa.

“Deben respetarse los derechos humanos de estas mujeres. La Cámara Alta será vigilante de que no haya inconsistencias en el proceso de justicia en su caso”, enfatizó.

Cabe recordar que las mujeres indígenas fueron detenidas en agosto de 2006 junto con Jacinta Francisco Marcial, –liberada la madrugada del 16 de septiembre–, cinco meses después de un operativo en el tianguis de Santiago Mexquititlan, Querétaro.

De acuerdo con información del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh), la sentencia dictada el 22 de febrero pasado es de 21 años para ambas mujeres, además de que incluye una multa de 91 mil pesos y 70 mil pesos más para reparar los daños causados a los “secuestrados”.

Ante estos hechos, el senador por el estado de Guerrero, confió en que en los próximos días el Tribunal Unitario de Circuito de aquella entidad avale la apelación que se presentó y se pueda corregir el veredicto.

Lázaro Mazón, anunció que presentará un punto de acuerdo la próxima sesión de la Cámara Alta, “para exhortar al Tribunal a que se apegue a los principios de independencia e imparcialidad, que se analicen de forma objetiva las pruebas de cargo y descargo que ofrecieron la parte acusadora y defensora del caso de las indígenas Alberta y Teresa”.

MISMO CASO SENTENCIAS DIFERENTES

En agosto de 2006 tres mujeres indígenas otomíes Alberta Alcántara Juan, Teresa González Cornelio y Jacinta Francisco Marcial, fueron detenidas por el presunto “secuestro” de 6 agentes de la AFI.

En el caso de Jacinta, declarada el 18 de agosto de 2009, presa de conciencia por Amnistía Internacional y representada legalmente por el Centro Prodh, fue liberada el 15 de septiembre del mismo año, luego de que la Procuraduría General de la República (PGR) presentó conclusiones no acusatorias en su contra. Aclaró que la indígena otomí obtuvo su liberación no porque se haya acreditado su inocencia sino “porque, a pesar de existir elementos incriminatorios en su contra, no fueron corroborados”

Mientras que para Alberta y Teresa, determinó que “existen elementos de convicción contundentes que demuestran su participación en la comisión de los delitos atribuidos”.

Por lo que fueron sentenciadas en agosto de 2006, por el juez cuarto de distrito de Querétaro Rodolfo Pedraza Longi, a 21 años de prisión, su defensa apeló y el caso llegó al Tribunal Unitario de Circuito en donde el magistrado Hans Eduardo López Muñoz, ordenó la reposición del proceso debido a las irregularidades que encontró en el primero.

A pesar de ello el 25 de noviembre de 2009, en el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, la PGR dictó conclusiones acusatorias contra Alberta y Teresa, y solicitó al juez Pedraza Longi una condena de 40 años de prisión.

El 3 de febrero, se llevó a cabo la audiencia de vista, en la que la PGR y la defensa ratificaron sus posturas. El 22 de febrero fueron sentenciadas a 21 años de prisión y a pagar una multa de 91 mil pesos y 70 mil pesos más para reparar los daños causados a los “secuestrados”.

10/GTR/LR

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