Nuevamente, tenemos la danza de las cifras, las procuradurías estatales siguen contando mujeres muertas, nada explican de la aplicación de la ley ni de los procesos de investigación que llevan a cabo para dar con los asesinos y prevenir estos delitos en su entidad.
Pareciera que el tiempo no ha pasado, y al igual que en la LIX legislatura, con la primera comisión Especial del Feminicidios, los procuradores siguen hablando del número de mujeres asesinadas, desde el perfil tradicional de la criminalística, como si no existieron Leyes, ni nuevos mandatos qué informar.
Así quedó claro en las primeras dos reuniones de trabajo de la Comisión Especial para Conocer y dar Seguimiento Puntual y Exhaustivo a las acciones, que han emprendido las autoridades competentes en relación a los feminicidios registrados en México y las procuradurías del estado de México y Guerrero.
Las cifras fueron y vinieron, cientos de mujeres fueron asesinadas, poquísimas sentencias, falta de investigación, etc, son la tónica de los informes que se presentaron el pasado 8 de septiembre, y de las acciones que han realizado para sancionar, prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres, nada.
Será que los señores procuradores no saben que tienen un mandato a partir de la Ley general de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia que tienen que cumplir, Guerrero cuenta con la Ley estatal desde 2007 y Estado de México desde 2008.
Decir en el recinto legislativo, frente a las diputadas que los asesinatos de las mujeres no ocurren en el Edomex, sino que los cuerpos son «tirados» en sus inmediaciones, sin mayor explicación de semejante conclusión, es solo una muestra de cómo se investiga en la entidad, sin duda el caso de la niña Paulette, es el mejor ejemplo de la «suciedad» mexiquense.
La frase dicha así por el procurador Alfredo Castillo Cervantes, se suma los 10 puntos sobre los cuales, dijo, va a trabajar y en un mes buscaría a las legisladoras para reportar avances para contribuir a eliminar la violencia: «La creación de una Web con información de las mujeres desaparecidas en la entidad, el diseño de un programa para la clasificación de delitos, capacitación para servidores públicos en materia de registro claro de homicidios de mujeres, un banco de datos genéticos.
Además, claro, de la incorporación de perspectiva de género y la estandarización de los protocolos, manuales criterios ministeriales de investigación, servicios periciales y de impartición de justicia, instrumentación de mecanismos de búsqueda y difusión y promoción de los derechos humanos de las mujeres. Todo ello como si fuera nuevo.
Desde 2008, la Ley de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia del Estado de México, establece que su objetivo es coordinar las acciones entre el Gobierno del Estado y los municipios; además de prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres de cualquier, edad. De esto ni media palabra dijo el procurador Castillo Cervantes.
Nada distinto ocurre en el estado de Guerrero, a decir de su procurador David Augusto Sotelo Rosas, la mitad de los asesinos de mujeres podrían salir libres por «falta de Pruebas», tampoco nada se dijo de la aplicación de su ley, tampoco sabemos cuáles son las acciones que se están llevando a cabo para garantizar una vida libre de violencia a las guerrerenses.
Si éste es el informe que presentan en la Cámara de Diputados, me pregunto ¿qué hacen estos procuradores en el Sistema Nacional, qué analizan, y que han avanzado?
¿Vale la pena seguir invirtiendo en instancias que no dan resultados, de qué han servido 68 millones de pesos para la Comisión Nacional para Prevenir y erradicar la Violencia Contra las Mujeres y los millones que dicen gastar las procuradurías estatales en esta materia, si lo que informan sin millones, sería el mismo?.
Las diputadas de la LXI legislatura y en especial las de la Comisión, no tendrían que ser tan «blanditas» y deberían exigir a los procuradores acabar con la danza de las cifras y que les ofrezcan un verdadero informe de lo que hacen con base en sus propias leyes.
* Periodista mexicana, directora general de CIMAC
10/LL/LR/LGL
