En una maniobra sin sustento jurídico e ignorando todos los señalamientos de corrupción, violación de los derechos humanos y de las garantías individuales, el diputado Diódoro Carrasco Altamirano pretende empantanar la discusión sobre los juicios políticos contra los gobernadores de Puebla y Oaxaca, en respuesta al pacto político que suscribieron Mario Marín y Ulises Ruiz con Felipe Calderón Hinojosa, denunció la legisladora Valentina Batres Guadarrama.
La integrante de la fracción parlamentaria del PRD en la Cámara de Diputados sostuvo que independientemente del papel que ha asumido la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de recomendar y no de sancionar, le recordó a Carrasco Altamirano que ante violaciones graves el máximo tribunal de justicia de la nación debe seguir ejerciendo su mandato de garantizar el respeto de las garantías individuales, el castigo y la sanción a los infractores de la ley que violan dichos derechos.
La Suprema Corte, en materia de justicia, tiene responsabilidades que cumplir, que no se borran con un simple acuerdo; en tanto, «nosotros como Poder Legislativo tenemos la obligación de fortalecer nuestras responsabilidades, en el caso de Lydia Cacho hay una denuncia en el Poder Judicial, y esa misma denuncia presentada por actores políticos, no por la periodista, está la solicitud –en la Cámara de Diputados– de juzgar a Mario Marín y a Ulises Ruiz», aclaró.
En entrevista concedida a Cimacnoticias, Valentina Batres recomendó a Lydia Cacho exigir al Poder Judicial que haga su trabajo en materia de impartición de justicia, que haga la persecución de los infractores de los delitos que saltan a la vista, como fue la actuación del Tribunal de Justicia de Puebla, el ministerio público, y la procuraduría.
«Nosotros, desde el espacio de la Subcomisión de Examen Previo, en San Lázaro, seguiremos impulsando el juicio político en contra de los gobernadores de Puebla y Oaxaca», aún cuando el ex priista y ahora diputado del PAN, Diódoro Carrasco, utilice artimañas para entrampar el trabajo de la Subcomisión, que él mismo preside, sumiéndolo en una discusión sin sentido, toda vez que pretende desechar varias solicitudes de juicio político, entre las que se encuentran las de los gobernadores en cuestión.
Batres Guadarrama explicó que durante la reunión de trabajo de la Subcomisión de Examen Previo, el pasado lunes 6, no se pudo avanzar en el orden del día debido a que la discusión se centró en que dichas denuncias ya habían expirado, porque ya había transcurrido un año.
«Ahora, abundó la legisladora perredista, el PRI-AN quiere atribuirle al solicitante del juicio político toda la responsabilidad del procedimiento, desechando, no por argumento, sino por una «chicanería», las solicitudes de juicio político.»
La integrante de la Subcomisión de Examen Previo acusó que el presidente de la misma (Diódoro Carrasco) se está haciendo «ojo de hormiga» y no ha querido solicitar los servicios del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM para destrabar la discusión sobre la prescripción de los juicios políticos, ya que solo ha pedido la opinión del Centro de Estudios Jurídicos y Parlamentarios de la Cámara de Diputados, principalmente la de Ríos Camarena, quien por su militancia priista puede contaminar y dar una interpretación sesgada sobre el tema.
Ante ello, Valentina Batres Guadarrama, por medio de esta agencia, hace un llamado a las y los investigadores del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Máxima casa de estudios, así como a todos aquellos organismos sociales y civiles que puedan aportar una interpretación jurídica valida sobre la prescripción de los juicios políticos.
Precisó que la discusión se centró en la interpretación del Artículo 9, párrafos 4º y 5º de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, respecto a si había operado o no la prescripción para fincarle responsabilidades mediante juicio político a los servidores públicos denunciados durante las Legislaturas LVIII y LIX, así como en qué momento inicia propiamente ese tipo de procedimientos.
El artículo 9 de la mencionada ley cita: ?»El juicio político sólo podrá iniciarse durante el tiempo en que el servidor público desempeñe su empleo, cargo o comisión, y dentro de un año después de la conclusión de sus funciones.
«Las sanciones respectivas se aplicarán en un plazo no mayor de un año, a partir de iniciado el procedimiento».
Mientras que el artículo 12 de esa misma ley prevé el momento en que interviene la Subcomisión de Examen Previo y en cual la Sección Instructora, al establecer:
«Artículo 12.- (?)
c) La Subcomisión de Examen Previo procederá en un plazo no mayor a los 30 días hábiles, a determinar si el denunciado se encuentra entre los servidores públicos a que se refiere el artículo 2º., de esta ley, así como si la denuncia contiene elementos de prueba que justifiquen que la conducta atribuida corresponden a las enunciadas en el artículo 7º., de la propia Ley, y si los propios elementos de prueba permiten presumir la existencia de la infracción y la probable responsabilidad del denunciado y por tanto, amerita la incoación del procedimiento. En caso contrario la Subcomisión desechará de plano la denuncia presentada».
Cabe recordar que uno de los primeros gobernadores en reconocer a Felipe Calderón Hinojosa como presidente de México legalmente electo, fue el gobernador de Puebla, Mario Marín Torres, correspondiéndole con una visita a su estado y haciendo a un lado los señalamientos de corrupción e impunidad que condenó durante la campaña presidencial del panista.
En tanto que en diciembre del año pasado, Felipe Calderón Hinojosa se reunió con el gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz Ortiz, para realizar una alianza entre el PAN y el PRI. Luego en marzo de este año, Calderón regresó a Oaxaca, esta vez acompañado de Diódoro Carrasco, dando un claro espaldarazo al gobernador Ulises Ruiz.
07/MLT/GG
