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Que militares presuntos violadores comparezcan ante juzgado civil

Por Redaccion

Organismos civiles de defensa de los derechos humanos llamaron al ombudsman nacional, José Luis Soberanes, a que en la recomendación que emita sobre el caso de Michoacán, en el que presuntamente cuatro menores de edad fueron violadas por militares, y otros casos, “exprese claramente la necesidad de que sean tribunales civiles los que conozcan de los procesos penales iniciados contra militares”, de lo contrario, señalaron, favorecería la impunidad.

En un comunicado firmado por varias organizaciones defensoras de derechos humanos, entre los que se encuentra el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh), expresaron su preocupación ante el informe preliminar de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) sobre la actuación de militares responsables de violaciones a derechos humanos en el estado de Michoacán.

Aunque consideraron como positivo que por vez primera la CNDH se haya pronunciado porque el Ejército no participe en tareas de seguridad pública -como lo han recomendado diferentes mecanismos internacionales de derechos humanos- señalaron que es “alarmante que una vez documentadas las múltiples violaciones a derechos humanos por parte de militares en Michoacán, la CNDH reconozca expresamente que la Procuraduría de Justicia Militar es la autoridad competente para conocer de las investigaciones que puedan iniciarse para esclarecer los sucesos”.

En reiteradas ocasiones, señala el documento, organismos internacionales de derechos humanos (como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Relator Especial de las Naciones Unidas para la Tortura) han señalado la necesidad de que los delitos cometidos por militares contra civiles sean conocidos por la justicia civil con independencia de que hayan ocurrido en actos de servicio de los castrenses.

“En México el personal militar parece gozar de inmunidad frente a la jurisdicción civil y tiene la protección de la justicia militar”, agrega.

Las recomendaciones coinciden en que cuando el Estado permite que investigaciones sobre graves violaciones a derechos humanos cometidas por militares sean dirigidas por órganos de justicia militar, la consecuencia es que se deja en la indefensión a las víctimas civiles, al no existir independencia e imparcialidad ni de la Procuraduría ni de los tribunales militares.

Por el contrario, argumenta, cuando una autoridad civil conoce los casos, permite que los órganos potencialmente imparciales estudien, investiguen y juzguen conforme a derecho al personal castrense, se revierte la impunidad.

Las organizaciones civiles señalan que “la CNDH ha omitido por completo impulsar el cumplimiento de las recomendaciones de organismos internacionales dirigidas a limitar el fuero militar” dejando de esta forma a las víctimas en un estado de indefensión.

“En tanto las cosas permanezcan así, una vez más afirmamos que la justicia militar no respeta la garantía de seguridad jurídica, ni mucho menos condiciones de imparcialidad e independencia y mantiene en estado de inequidad procesal a los civiles que se ven sometidos a dicha jurisdicción”.

LOS OPERATIVOS MILITARES, UN RIESGO

Un análisis desde la sociedad civil señala que ante la ausencia de elementos que permitan evaluar la efectividad de los operativos y el permanente aumento del número de ejecuciones en diversas regiones del país, así como las primeras bajas militares y civiles, lo que queda es cuestionar la labor del gobierno en materia de seguridad, ya que cada vez son más las voces que aseguran que la guerra del gobierno federal contra el crimen organizado “está perdida”.

Y es que el gobierno de Felipe Calderón ha creado un nuevo grupo de militares de élite: el Cuerpo de Fuerzas de Apoyo Federal, similar al Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales, el cual fue creado en 1994 y al grupo Anfibio de Fuerzas Especiales, creado en 2001.

El nuevo grupo, entre cuyas funciones estará intervenir en situaciones críticas de perturbación de la paz, estará al mando exclusivo del presidente de la República, aunque técnica y operativamente dependerá de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Por lo pronto, tal y como está sucediendo en Michoacán y municipios aledaños, los militares están tomando el control total de los espacios públicos y privados, amedrentando a la población y cometiendo abusos. De permanecer por un periodo más largo en las comunidades, es posible que continúen las violaciones sexuales contra las mujeres, desapariciones forzadas y otros delitos, como frecuentemente ocurre con los ejércitos de ocupación.

EN JUEGO CREDIBILIDAD DE CNDH

Con respecto a la aparición en los medios de comunicación del presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, José Luis Soberanes, para dar a conocer diversas quejas por violaciones a las garantías individuales, entre ellas la violación a una joven de 17 años y a otras tres menores de edad que hubieran sido abusadas sexualmente en Michoacán, un análisis del CISI (Centro de Investigaciones Sociales Interdisciplinarias) considera que “el asunto es serio y merece toda la atención de lo que de aquí se derive”.

Ya que, sostiene, “la acusación, que según el titular de la CNDH, cuenta con los elementos suficientes para darlos por buenos, o por lo menos para que Soberanes haya salido a los medios a dar esta especie de ?alarma? para evitar que se continúe con estos excesos”.

Sin embargo, de corroborarse las acusaciones, “el Ejército mexicano tendrá que actuar en consecuencia y no dejar pasar estas serias y lamentables situaciones que se han dado con personal de esta institución”.

También, lo que está en juego, señala el análisis, es la propia credibilidad de la CNDH y del ombudsman nacional.

Al parecer, a Soberanes “le ha caído en sus manos la posibilidad de quitarse, aunque sea un poco, la sensación de duda y poca confianza que le produjo el caso de la muerte de Ernestina Ascencio”.

07/LGL/GG/CV

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