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Que se amplíen medidas cautelares en San Juan Copala, piden OSC a CIDH

Por Anayeli García Martínez

Ante la inseguridad en San Juan Copala, que ha derivado en el desplazamiento de aproximadamente 300 familias, la comunidad triqui pidió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que solicite al Estado mexicano ampliar las medidas cautelares que el 7 de octubre de 2010 otorgó a 135 habitantes de este municipio.

Integrantes de la comunidad triqui y de la organización ambientalista Sakbe, denunciaron hoy en conferencia de prensa, que aunque en 2010 la CIDH pidió a las autoridades federales y estatales que investigaran y sancionaran a los responsables de los homicidios y violaciones sexuales de habitantes de San Juan Copala, no se tienen resultados concretos.

En entrevista, Priscila Rodríguez Bribiesca, representante legal de los peticionarios ante la CIDH, recordó que, el 22 de septiembre de 2010, se pidió por primera vez a este organismo que exhortara al Estado mexicano para otorgar medidas de seguridad a la población de Copala.

El 7 de octubre del mismo año (según consta en el expediente MC-197-10) la CIDH admitió la petición de medidas. Desde entonces y hasta el 9 de febrero de 2011 el gobierno federal y los peticionarios se reunieron en cinco ocasiones para determinar cómo las cumplirían.

Como respuesta, el gobierno local les dio un número de la Secretaría de Seguridad Pública (local) para llamar en casos de emergencia, lo que a decir de Rodríguez Bribiesca, es insuficiente, toda vez que la “ayuda” nunca llega.

Ejemplo de ello es el caso de Teresa Ramírez Sánchez, quien a unos días de ser “beneficiada” con este recurso de seguridad fue asesinada junto con Serafín Uvaldo.

“Necesitamos justicia, que se detenga a los criminales y que se asegure que los triquis puedan regresar a San Juan Copala”, agregó Bribiesca.

Las primeras medidas sólo fueron solicitadas para 135 personas que aún se encontraban en esta zona y en esta ocasión se pidió la ampliación a los habitantes de cuatro barrios más que también pertenecen a San Juan Copala.

Éstos son, Barrio de la Brama Paraje de Pérez, Guadalupe Tilapa, Santa Cruz Tilapa y Yoxoyuxi, comunidades triquis que desde 2007 forman parte del municipio autónomo de San Juan Copala. Son personas que –afirma la abogada– están en la misma situación de riesgo de ser amenazadas, asesinadas, violadas o desaparecidas.

Por su parte, Reyna Martínez Flores, una de las representantes de la comunidad triqui, dijo que su exigencia es respeto a su autonomía, “la única arma que tenemos es la dignidad para exigir justicia y respeto. Hemos resistido aún con los muertos en nuestros brazos y lo seguiremos haciendo”, afirmó.

Martínez Flores informó que diferentes barrios triquis, se unieron a “La Marcha del Color de la Sangre” que salió de Copala el 24 de mayo y que visitará diferentes puntos de la Ciudad de México, con el objetivo de dar a conocer su lucha y retornar a San Juan Copala.

Destacaron que esta cuarta caravana forma parte de los acuerdos tomados por las autoridades de distintas comunidades indígenas triquis del municipio autónomo que se llevaron a cabo el pasado 10 de abril del 2011 como respuesta a la omisión del Estado mexicano de garantizar el retorno de los desplazados.

Reyna Martínez lamentó que aunque el gobernador de Oaxaca, Gabino Cué se comprometió a investigar la violencia en la comunidad triqui y a brindar servicios como educación, hasta el momento no les ha garantizado condiciones de seguridad para que regresen a sus casas.

Ante este escenario y después de nueve meses de desplazamiento, Martínez Flores, hizo un llamado al Ejecutivo local para que no se fortalezca a los grupos paramilitares. En tanto, los integrantes del municipio autónomo, salieron esta tarde del Ángel de la Independencia hacia el Zócalo capitalino, para después analizar si existen condiciones para regresar a Oaxaca.

11/AGM/ LGL

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