Con la desaparición de la Secretaría de la Reforma Agraria quedarían en la incertidumbre laboral alrededor de mil 205 trabajadoras y trabajadores, 70 por ciento de ellos mujeres, advirtió Erika Vidal, secretaria general del Sindicato Nacional Democrático de Trabajadores de la Secretaría de la Reforma Agraria (SNDTSRA).
Aunque las fuentes de trabajo de las y los empleados de base están «blindadas», corren el riesgo de perder su empleo al igual que las personas contratadas como eventuales y el personal de confianza, refirió Vidal en entrevista telefónica desde la Cámara de Diputados, donde hoy se reunió con Partido del Trabajo y Nueva Alianza para hablar sobre este tema, luego de que Felipe Calderón Hinojosa anunciara ayer la desaparición de las secretarías de la Reforma Agraria, Turismo y de la Función Pública.
Sin las dependencias mencionadas, cuyas funciones se transferirían a otras secretarías, se generaría un ahorro de 7 millones 998 mil pesos, es decir, el 0.6 por ciento del gasto público. En el caso de la SRA, sus operaciones pasarían a las de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) y a la de Desarrollo Social.
Las funciones de Turismo, en tanto, pasarían a la Secretaría de Economía, y las operaciones de la Función Pública estarían a cargo de la Contraloría General de la Federación, todas dependiendo de manera directa de la Presidencia de la República.
Ante este panorama, Vidal expresó que el personal de la SRA carece de claridad sobre como quedará su relación laboral con la dependencia, en caso de que la cámara baja apruebe la propuesta de Calderón, pues es posible que las autoridades argumenten que no hay materia de trabajo; en este caso, irían a juicio para su reinstalación y de perderlo estas personas recibirían una indemnización, pero quedarían desempleadas.
Luego de la propuesta del mandatario, la secretaria general del SNDTSRA solicitó a los siete grupos parlamentarios entrevistarse con sus representantes en la cámara baja, a fin de «defender las fuentes de ingresos de sus agremiados».
A decir de Vidal, la política económica de Calderón para hacer frente a la crisis debe centrarse en la disminución de los salarios de los funcionarios de nivel medio y alto, quienes ganan cinco veces más que las y los trabajadores de base y los provisionales.
«Los altos funcionarios ganan al menos 40 mil pesos mensuales, mientras que las y los trabajadores perciben como máximo cinco mil». De acuerdo con la sindicalista, 20 de cada cien empleados son de confianza y laboran en mandos medios y de alto nivel.
En este sentido, Calderón Hinojosa refirió también ayer, desde la Residencia oficial de los Pinos, que congelará los salarios para mandos medios y superiores, y disminuirá 40 por ciento de sus sueldos reales con la reducción en viáticos, gastos de representación y asesorías.
Erika Vidal confía en que la propuesta de Felipe Calderón sea rechazada por la Cámara de Diputados para que, así, el personal integrado mayoritariamente por mujeres conserve sus fuentes de ingreso.
Al respecto, Manuel Fuentes, especialista en justicia laboral señaló que las y los trabajadores del Estado son quienes están mejor protegidos en sus derechos laborales; sin embargo, reconoció que existe el riesgo de que pierdan sus empleos, sobre todo en el caso del personal contratado de manera eventual, pues son los que en el reajuste «tendrían que irse primero».
El abogado laboralista explicó que las autoridades de las dependencias federales tendrían que demostrar ante los tribunales en la materia la necesidad de que termine la relación de trabajo. «No es tan fácil deshacerse de las trabajadoras y trabajadores» pero, puntualizó, el personal requiere acercarse a sus organizaciones sindicales y gestionar su situación a través de ellas.
09/GCJ/ LG
