Los servicios chilenos de peritajes a víctimas y victimarios de delitos sexuales se encuentran en una virtual crisis por falta de recursos y personal, según un informe de la Corte Suprema del país sudamericano.
El documento, enviado a la Comisión Especial de Seguridad Ciudadana del Senado, asegura que el problema es tan grave que alrededor de la mitad de los peritajes psiquiátricos y sicológicos encargados por las fiscalías el año pasado no fueron realizados.
El Instituto de Criminología de la Policía de Investigaciones reconoce que, debido a la falta de recursos, dejó de atender a una parte importante de víctimas de delitos sexuales (en su mayoría menores) y que tampoco se han realizado los peritajes solicitados por los tribunales del Crimen y del Ministerio Público.
Esta situación llevó al presidente de la Corte de Apelaciones de Santiago, Alfredo Pffeifer, a reconocer en un documento reservado que «la demora repercute en la tramitación de procesos, la falta de pruebas en los mismos, las excarcelaciones o los cierres de investigaciones».
En Chile se denuncian 4,500 delitos al año, de los cuales entre el 70 y 80 por ciento es cometido contra menores de edad. Impunidad es la palabra que define al 50 por ciento de los delitos sexuales que se cometen en el país, concluye el informe entregado el 12 de enero pasado.
La revelación antecedió a la publicación en el Diario Oficial de una ley que combate de manera más drástica a la pedofilia y a la pornografía, y al anuncio gubernamental de un nuevo plan antidelito.
Los servicios que realizan los peritajes psiquiátricos y psicológicos están absolutamente sobrepasados, afirmó Pffeifer en un texto enviado al Tribunal Superior sobre los atrasos en la materia, el pasado 11 de diciembre.
Se colapsa la justicia
Hay instituciones y organismos que cerraron sus puertas a quienes han sido víctimas de abusos o violación sexual y que necesitan de una revisión médica. La actitud fue la misma frente a los peritajes encargados por la justicia para determinar si una persona ha cometido o no una violación.
El primero en darle un portazo en el rostro a las víctimas fue el Instituto de Criminología de la Policía de Investigaciones.
Un informe ejecutivo de este mes afirmó que desde 1999 esa institución arrastra una situación de crisis por la creciente demanda de asistencia, la cual que no ha podido satisfacer.
Esta incapacidad provocó que se dejara de atender una cuota importante de las víctimas de delitos sexuales, especialmente menores, que requieren de reparación de daño psicosocial. Tampoco se respondió a las solicitudes de evaluaciones periciales pedidas por los tribunales y fiscalías del Ministerio Público.
El problema radica en que dichos peritajes psiquiátricos y sicológicos son insustituibles como medio de prueba legal para investigar los delitos sexuales. En la práctica, significa que el juez, al no tener el examen, la mayoría de las veces tiene que otorgarle la libertad al inculpado.
De acuerdo con el presidente de la Corte de Apelaciones de Santiago, «los atrasos en los peritajes repercuten necesariamente en la tramitación de los procesos, en la falta de prueba en los mismos y en las excarcelaciones o cierres de investigaciones que provocan la irritación de los usuarios del sistema de justicia.
El documento resalta la importancia de los peritajes como el único elemento probatorio para probar que se ha cometido un delito sexual.
04/SEM/GBG
