Como todos los debates, el de la manifestación del grupo cristiano ALAS en Cancún tiene varios ángulos. Rodeado de discusiones viscerales y de panfletos escritos con odio y mentiras, esto parece convertirse en un pleito tan escandaloso que resulta difícil salir de la misma discusión.
¿Cómo conciliar los intereses de los diversos grupos afectados? Para empezar, sea cual sea el punto de vista que tengamos al respecto, no podemos olvidar el telón de fondo: Cancún vive del turismo. En un sentido o en otro, finalmente todos vivimos directa o indirectamente de esta actividad. Como comunidad debemos encontrar la manera de resolver nuestras diferencias, pero sin poner en riesgo, nunca, el turismo. Una comunidad de madereros podrá tener conflictos entre sí, pero nunca se pondrá a quemar el bosque para resolverlos. De igual forma, los cancunenses debemos expresar nuestras diferencias, pero nunca a costa del turismo.
Justamente por eso es que resulta inadmisible la manifestación de ALAS, que busca violentar a los turistas para tratar de saca a Leidy Campos de la cárcel. Su argumento principal es que las autoridades persiguen a Leidy Campos y protegen pederastas. Pero si el pleito es con el procurador y con el gobernador, ¿por qué no marchan a Palacio en Chetumal? Podrían invitar a la prensa internacional a cubrir una manifestación que consideran legítima.
La Casita ya no cuenta sino con una débil decena de defensores locales. Ha debido movilizar a integrantes del grupo cristiano de todo el país, a quienes poco importa el impacto internacional que una manifestación de esta naturaleza pueda tener en el turismo que da de comer a la población.
Aunque, efectivamente, la libre manifestación de las ideas es un derecho constitucional, también es cierto que el grupo ALAS pretendió, como lo hizo anteriormente, invadir propiedad privada, como el Centro Comercial La Isla. A simple vista, podría parecernos poca cosa que afecten los intereses de la gente rica que tiene tiendas de lujo, pero lo cierto es que esos propietarios de negocios carecen de responsabilidad y no deben pagar un pleito ajeno en su propiedad privada. Durante las negociaciones con el presidente municipal, los representantes del grupo se rehusaron a seguir los procedimientos institucionales.
Campos Vera tuvo la oportunidad de salir por la vía legal y ayudar de esa manera a su causa. Sin embargo, escogió desde el principio la confrontación directa, en una lucha de poder a poder amparada por la posibilidad de tomar las calles con grupos de acarreados de otras regiones.
Es absolutamente cierto que García Rascón es un violador confeso. Sin embargo, ni Campos Vera ni Seoane escucharon la invitación al diálogo por parte de las autoridades. Ni al anterior subprocurador Chi Paredes, que en ocasiones parecía pedirles «el favorcito» de demostrar que las acusaciones eran falsas. Ni la confianza de Celia Pérez Gordillo, e incluso los primeros veinte días del procurador Bello Melchor.
Desde siempre, Leidy Campos advirtió que demostraría su poder. Con semejantes manifestaciones, aunadas a la actuación de Seoane al margen de la ley, eligieron la vía de la violencia, la invasión de propiedad privada en la zona hotelera y el bloqueo de las vías de comunicación.
Cualquiera que conozca las estrategias de la resistencia pacífica sabe que esta manifestación no siguió esas normas. No es lo mismo afectar la reputación de las autoridades, cuando se considera que hay corrupción o persecución política, que afectar los intereses de una población para demostrar que se tiene la razón, sin contar siquiera con el respaldo de la población local.
Aunada a esta guerra de poder entre Campos Vera contra el gobernador y el procurador, los policías municipales ejercieron una violencia inadmisible. Durante dos semanas estuvieron alimentándose del enojo de estar a rayo de sol en la zona hotelera, esperando a los manifestantes. Así, mal pagados, mal comidos, alimentados unos por la rabia del miedo de enfrentarse a un turba; otros, con una ira largamente contenida por la pobreza, por el resentimiento social de defender a lo ricos sin obtener nada a cambio, con ganas de echarle mano a «algún pelado» que pueda convertirse en receptor de su catarsis inminente. Algunos policías, groseros y violentos, insultaron, maltrataron y violaron los derechos de hombres y mujeres de ALAS.
Habría que averiguar quién estaba detrás del teléfono celular del vocero de la marcha, dando órdenes precisas para provocar a los policías. Y también habría que admitir que la policía que tenemos no está capacitada para hacer contenciones antimotines sin maltratar a las y los manifestantes. Una mezcla perfecta para alimentar el martirologio de la ex funcionaria pública que dejó ir libre a Jean Succar Kuri, el pederasta más famoso de Cancún.
Tarde o temprano, las representantes de La Casita tendrán que someterse al proceso de la ley (y liberar a cientos de niños y niñas maltratadas, hoy en el limbo). Pero más allá de este conflicto en particular, quedará una moraleja. Las y los cancunenses tenemos el derecho de protestar en contra de la autoridad cuando creamos que nuestros intereses son pisoteados. Pero nunca en contra de los intereses de toda la población, nunca quemando el bosque.
*Periodista mexicana, integrante fundadora del la Red de Periodistas de México, Centroamérica y el Caribe
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