El Comité Ejecutivo electo del Sindicato de Trabajadores al Servicio de los Poderes del estado de Querétaro (STSPE), «a pesar de ser víctima de la intolerancia política del gobierno estatal», reiteró su posición en contra de toda reforma «que promueva la pérdida o renuncia de los derechos laborales y cualquier forma de deterioro de la calidad de vida de la población queretana».
En un comunicado, la secretaria general electa, María del Carmen Gómez Ortega, exhortó a las y los trabajadores del estado, de cualquier ámbito laboral, a unirse en un frente «contra el abuso de las autoridades y para defender los derechos laborales».
«No permitiremos que el poder empresarial se imponga, mientras que quienes generamos la riqueza del país vemos como pisotean nuestros derechos», dice el comunicado.
El Sindicato que ella lidera hizo un pronunciamiento en contra de la propuesta de reforma a la Ley Federal del Trabajo que la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STyPS) presentó al Club de Banqueros el pasado 21 de noviembre, ya cabildeada en el Congreso Federal, pues pretende «atestar un golpe más a la clase trabajadora».
Por ello, el Comité Ejecutivo Electo del STSPE manifiesta su total repudio a dichas reformas que buscan modificar el marco normativo-laboral, con lo que se legalizarían las violaciones laborales que se ya se han presentando en el mercado laboral, contra las cuales «los sindicatos democráticos hemos luchado para resguardar los derechos consagrados», explica.
Entre las acciones realizadas por el Gobierno federal dirigidas a la reducción o desaparición de las organizaciones sindicales y los derechos laborales están las reformas a los sistemas de jubilaciones y pensiones del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE).
También, el decreto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) con el cual se vulneran los derechos de las y los trabajadores burócratas de confianza; los fallos de las Juntas y Tribunales laborales que califican de ilegales las huelgas estalladas, y la firma de nuevos contratos individuales cuyas prestaciones son inferiores a las disfrutadas por otras y otros trabajadores, entre otros, asegura.
Las propuestas de reforma a la Ley Federal de Trabajo (LFT) del secretario de Trabajo, Javier Lozano Alarcón, buscan dar continuidad a las anteriores acciones del Gobierno federal y con las cuales se deja en situación de total indefensión a la clase trabajadora.
Lo anterior, explica el documento, ya que atentan contra derechos como la autonomía sindical, la libre sindicación, la estabilidad y seguridad laboral y el derecho a huelga, entre muchas otras cosas.
También se pretende hacer contratos individuales flexibles que podrían ser «por temporada», «a prueba» y «de capacitación inicial», los cuales atentan contra los principios constitucionales de estabilidad y seguridad laboral, señala.
Asimismo, se quebrantan los derechos de las y los trabajadores al plantear la ampliación de la jornada laboral y la desaparición del tiempo extraordinario de trabajo a través de la creación del «banco de horas» que se basa en un sistema de acumulación mensual de horas laborables.
En ese sentido, la propuesta de reforma laboral disminuye la obligación de las empresas a la capacitación y adiestramiento con lo que se permitirá legalizar la omisión de los patrones al no cumplir con una obligación constitucional y lo cual afectará el hecho de que las y los trabajadores asciendan de puesto, impidiendo la mejora en las condiciones de trabajo, subraya el comunicado.
Además, la reforma a la LFT propone que se vigile a los sindicatos, los cuales podrán perder sus registros por no actualizar sus padrones ante las autoridades laborales o por no informar sobre sus acciones. Dicha cuestión significa una intromisión en la vida interna de los sindicatos y una violación a su autonomía «en la que sólo los agremiados pueden y deben exigir cuentas claras a sus dirigentes», indicó.
Asimismo, plantea la ampliación de requisitos para ejercer el derecho a huelga, lo cual representa un exceso en un ámbito jurídico y cuyo objetivo es obstaculizar la defensa y permitir que la patronal y los tribunales laborales intervengan en la vida sindical para eliminar a los sindicatos que sí defienden a los trabajadores y sus intereses, asegura.
Ante este contexto, refiere la secretaria electa del STSPE, se deben conocer los resultados de la revisión que se propone para la tabla de enfermedades de trabajo, pues a las y los empleados difícilmente se les reconoce las enfermedades que son causadas por las condiciones de trabajo. Además, al padecer enfermedades terminales, se les suspenden las incapacidades y la institución procede al despido por faltas injustificadas, evitando así el pago de las pensiones.
«El panorama para los trabajadores es poco alentador. La amenaza de ver reducidos nuestras garantías y prestaciones es evidente y lo único que puede permitirnos hacer frente a esta embestida es logrando la unidad entre los diferentes gremios sindicales», concluye el comunicado.
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