La historia de rumores, contradicciones, bailes de cifras, acuerdos en «lo oscurito» y la confirmación de un desvío por 30 millones de pesos del erario público a la organización antiabortista Provida, conocido ya como «Providagate», está lejos de llegar a su fin.
Las organizaciones civiles por los derechos de las mujeres y legisladoras federales de oposición perdieron el primer asalto: siempre sí fueron entregados desde principios de 2003 –vía Secretaría de Salud (SS)– 30 millones de pesos del presupuesto de egresos a la agrupación ultraderechista Provida, para la construcción de 10 clínicas antiaborto.
Las maniobras del ex diputado del gobernante Partido Acción Nacional (PAN) Luis Pazos de la Torre (presidente de la Comisión de Presupuesto en la pasada Legislatura), surtieron efecto: recortó de manera «unipersonal» recursos aprobados para atención a la salud de las mujeres y combate al VIH/SIDA, y los desvió a la organización ultraconservadora.
En medio de la oscuridad, el silencio y la falta de transparencia en la planeación y aprobación del presupuesto federal en materia de salud, Luis Pazos aprovechó –acusan legisladoras y activistas feministas– para modificar los montos aprobados para salud femenina y contra la pandemia del VIH, y entregar 30 millones de pesos sin consulta alguna ni acuerdos previos al grupo Provida.
HISTORIA DEL ESCANDALO
El 10 de enero pasado, las Secretarías de Salud y de Hacienda y Crédito Público recibieron de parte del diputado Luis Pazos un oficio fechado el 17 de diciembre de 2002, en el que se plantea la asignación de recursos para salud femenina y el programa de VIH/SIDA.
Pazos escribió al secretario de Salud, Julio Frenk:
«De conformidad al artículo 74 constitucional fracción IV, la Cámara de Diputados en sesión celebrada el 15 de diciembre del presente año, aprobó recursos adicionales a la Secretaría que usted preside por $900 000 000 (novecientos millones de pesos 00/100 M.N.), para diversas acciones que lleva a cabo la Secretaría a su digno cargo.
«En el análisis y la discusión esta Soberanía determinó la asignación de los montos que se destinarán a los programas detallados en el anexo.»
En tal anexo, Pazos de la Torre recortó de un plumazo 70 millones de pesos a cada uno de los siguientes programas para la salud femenina: salud reproductiva, cáncer cérvico uterino y cáncer mamario. El 15 de diciembre, el pleno de la Cámara baja aprobó 100 millones de pesos para cada uno de esos programas.
El programa Arranque parejo en la Vida, al cual las y los diputados habían aprobado 75 millones de pesos, aparece en el oficio de Pazos con tan sólo 15 millones.
Entre otros recortes, el colmo fue el tijeretazo de casi 300 millones de pesos al programa de VIH/SIDA al que se le aprobaron originalmente 475 millones y quedó con la ridícula cantidad de 178 millones de pesos.
En el mismo oficio aparecen los 30 millones para los Centros de Ayuda para la Mujer (CAM), aunque el legislador panista no especificó que esas clínicas son patrocinadas por el grupo Provida.
En el documento «Solicitud de ampliación de partida presupuestal a la administración del patrimonio de la beneficencia pública de la Secretaría de Salud», en poder de Cimacnoticias, se especifica la asignación de recursos que hizo el diputado Pazos a la organización antiabortista.
El «programa de salud» cuyo apoyo presupuestal promovió el legislador blanquiazul se denomina «fundación de 10 centros de ayuda para la mujer» –clínicas en las que se orilla a mujeres violadas o adolescentes a no abortar–.
Se señala la cantidad solicitada, y se precisa que la partida corresponde a las «trasferencias de apoyo a sectores sociales y privados No. 4308», aunque no se indica si dicha transferencia corresponde al decreto del presupuesto de egresos.
LOS RECLAMOS
En sendos oficios fechados el 17 y 23 de enero pasados, las diputadas de la Comisión de Equidad y Género de la pasada Legislatura María Elena Chapa, Concepción González, María de las Nieves García, Flor Añorve, Laura Pavón y Olga Haydeé Flores, recriminaron a Pazos por sus maniobras para reasignar los recursos para salud de las mujeres y VIH.
«Le recuerdo que no son facultades de ningún legislador (a) en lo particular, ampliar o reasignar o examinar o discutir el presupuesto sin considerar, en primer lugar, al pleno de la Comisión de Equidad y Género, en segundo lugar, al pleno de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública que usted preside y en tercero, al pleno general de la Cámara; por lo que solicitamos respetar las asignaciones y rectifique su oficio o en todo caso, pase a discusión del pleno en el periodo de sesiones.»
Terminó la legislatura 58 y Luis Pazos ignoró el llamado de las diputadas.
SILENCIOS, CONTRADICIONES…CONFIRMACIONES
Las diputadas denunciaron entonces que el legislador panista había violado las normas constitucionales, legales y parlamentarias que regulan la discusión y aprobación del presupuesto de egresos de la Federación.
La Secretarías de Hacienda y Salud guardaron silencio, y fue apenas el pasado 28 de octubre cuando el subsecretario de Prevención y protección de la Salud de la SS, Roberto Tapia Conyer, confirmó a la Comisión de Equidad de la presente Legislatura la entrega «desde principios de año» de los 30 millones de pesos a Provida.
En agosto pasado, funcionarias de la SHCP habían dicho por el contrario a la anterior Comisión de Equidad que tales recursos aún no se entregaban a la organización antiabortista.
Así, las actuales diputadas ya comenzaron a preparar la estrategia para demandar incluso penalmente a Luis Pazos, ahora director del Banco de Obras y Servicios (Banobras), por el desvío de recursos.
Como han señalado activistas y diversos analistas, de no aclararse el presunto delito de peculado en el que estaría incurriendo Pazos de la Torre, el llamado Providagate quedará en la historia como uno más de los actos vergonzantes de impunidad que, tristemente, abundan en México.
2003/RM/MEL
