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¿Quién teme a la desinformación?

Por Gilberto Meza

Si es verdad que el hilo se rompe siempre por lo más delgado, entonces habría que empezar por admitir que los más pobres (más del 50 por ciento de la población nacional) son el objetivo de las campañas de desinformación de la jerarquía católica y la ultraderecha que suele acompañarla.

Medios electrónicos e impresos dedican grandes espacios para tratar de convencer a la población más desprotegida, la que no tiene acceso a la educación o cuyos niveles de pobreza los imposibilitan, incluso, para recurrir a las instituciones públicas, de que su visión del mundo es la más certera, la que se ajusta a las necesidades éticas de una ciudadanía que carece de lo más indispensable y para la que el Estado no tiene respuestas.

Como han comprobado fehacientemente agencias internacionales, por ejemplo, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), y en referencia específica a las políticas de población, entre mayor es la escolaridad de las adolescentes, menor es el número de hijos que tienen y menor también el número de defunciones de infantes o de muerte materna relacionada con la pobreza.

No se trata, desde luego, de minimizar la importancia de las campañas que de tiempo en tiempo suele emprender nuestra derecha tramontana, sino de ubicarla en su justa dimensión, es decir, en el daño que todavía hace entre los más desprotegidos, cuya ignorancia las hace presa fácil de las campañas de desinformación.

La derecha mexicana forma parte de la élite política y económica, cuando no es encarnada por ella misma, y cuenta con poderosos aliados entre los empresarios de los medios de comunicación, y de manera muy marcada los de la radio y la televisión, es decir aquellos con mayor penetración; pero también en las universidades de corte confesional o propiedad de órdenes religiosas, como es el caso de la Iberoamericana o la Panamericana.

Sin embargo, su importancia más destacable radica en ser parte del núcleo de poder económico y político, a través de los cuales busca imponer la ideología conservadora que la ha alimentado desde el siglo XIX.

El triunfo del Partido Acción Nacional en el año 2000 y la consecuente llegada al poder del presidente Vicente Fox, representante nato de esa ideología y de un concepto acorde con la globalización que tiene lugar en todo el mundo, despertó como nunca las expectativas de la jerarquía católica, el empresariado y los representantes de la élite conservadora.

Su visión esquemática la ha obligado a hacer creer que la historia de este país se inicia justo en el momento de su arribo al poder, sin poder admitir que ese triunfo forma parte de la lenta maduración de la sociedad mexicana y que el reclamo del cambio era parte de su agenda.

Su estupor se acrecienta cuando se percatan de que pese a detentar el poder económico y el poder político, son incapaces de detener los cambios institucionales que marca el proceso de institucionalización del Estado mexicano, que se ha comprometido a realizar cambios legislativos orientados a la equidad de género y las políticas de población, como los que hoy tienen lugar y que provocan el lanzamiento de campañas que sólo tienen por objetivo distraer la atención pública de su propia ineficiencia y corrupción.

No deja de llamar la atención, sin embargo, el hecho de que tanto la derecha como la izquierda parecen coincidir, si bien podría argüirse que por motivos distintos, en un regreso a la ideología conservadora, como hemos apreciado con el envío a revisión de la Ley de Sociedades de Convivencia que hace apenas un mes decidió la mayoría perredista de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.

En este caso, las ambiciones del jefe de Gobierno son antepuestas a la aprobación de una legislación que consideran podría confrontarlo con la misma jerarquía católica, cuyas posiciones aseguran combatir; es, en los hechos, la política de simulaciones que empieza a permear entre las élites partidarias y los gobiernos de todos los signos del país.

El riesgo, otra vez, es que las ambiciones personales se antepongan a los intereses y necesidades sociales; que los fuegos de artificio de la desinformación coincida con la política de simulaciones con que se arropa la clase política y se deje a la historia, es decir, que se evite decidir sobre aquellos asuntos de interés público sobre los que tienen obligación de decidir, pensando más como estadistas que como políticos pueblerinos.

Las campañas de la jerarquía católica y la ultraderecha nacional sólo denotan su desesperación. No hay que minimizarlas, ciertamente, pero tampoco hay que irse con la “finta” de que tienen un peso mayor que el que realmente representan: son parte de la pluralidad que como nación empezamos a vivir, pero también son la voz de una minoría sin mayor influencia, que cada vez se convierte más en un clamor en el desierto en el que sólo abrevan quienes siguen mirando con nostalgia hacia un pasado que, pienso, afortunadamente se ha ido.

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