Inicio Quiere SCJN nuevos “lineamientos” para discutir caso Lydia

Quiere SCJN nuevos “lineamientos” para discutir caso Lydia

Por Lourdes Godínez Leal

Con siete votos a favor, de once posibles, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) decidió aplazar el análisis del caso Lydia Cacho hasta tener los nuevos lineamientos para iniciar su discusión, sin mencionar ninguna fecha de su reanudación.

Al presentar hoy las conclusiones del informe de la segunda comisión encabezada por el ministro Juan N. Silva Meza para investigar las violaciones a las garantías individuales de la periodista Lydia Cacho por autoridades de los estados de Puebla y Quintana Roo, los ministros argumentaron la necesidad de establecer nuevos lineamientos para discutir este caso, tal y como ha sucedido con los otros en los que el máximo tribunal ha ejercido su facultad de investigación prevista en el Artículo 97 constitucional.

Durante la sesión pública de hoy, el ministro José de Jesús Gudiño Peláez propuso establecer nuevos lineamientos que los ministros deberán seguir para analizar este caso y pese a la insistencia del ministro ponente, Juan Silva Meza de que sus compañeros se pronunciaran por el proyecto tal y como estaba o no, sin nuevas reglas, el pleno apoyó la propuesta de Gudiño.

Para el ministro presidente del máximo tribunal del país Guillermo Ortiz Mayagoitia, el informe presentado este día no es el punto final de la investigación pero señaló que sí es necesario establecer cómo se abordará el tema.

Durante la sesión, las y los ministros se pronunciaron por el derecho de audiencia a las partes involucradas (Marín y Cacho) pese a que el ministro Juan Silva Meza insistió en que en todo momento de su investigación se respetó irrestrictamente este derecho, tal y como lo demostró en su informe.

En una discusión no muy dividida, finalmente la Corte determinó el aplazamiento de la discusión hasta determinar los nuevos lineamientos.

EL INFORME

Antes de dar lectura a su informe, el ministro ponente Juan N. Silva Meza pidió a sus compañeros “paciencia y comprensión” durante la lectura del mismo, ya que desde su opinión, “el mérito del asunto lo requiere”.

El ministro ponente señaló que una prioridad de la comisión investigadora fue verificar si el gobernador de Puebla, Mario Marín, había intervenido o instruido para que llevar a cabo la detención de Lydia Cacho y que ésta se ejecutara en determinadas y particulares condiciones, así como que se diera a la periodista “un tratamiento diferenciado en el centro de reclusión y se le sujetara a un proceso penal, todo ello con el fin de perjudicarla”.

En cuanto a la investigación, Meza resaltó que se tomó como punto de partida de ésta la hipótesis “a verificar” derivada de la conversación entre Mario Marín y Kamel Nacif.

“Esta determinación del tribunal pleno es incontrovertible, está firme con todas sus consecuencias y constituyó la hipótesis a dilucidar”, sentenció.

Dijo que la comisión hizo uso de “todos los medios legales” a su alcance para obtener todo medio de prueba que no fuera contrario a la moral y al derecho.

Entre estos medios, destacó las grabaciones de diversas conversaciones telefónicas, publicaciones periodísticas, informes rendidos por autoridades de Puebla, video de la detención de Lydia Cacho, audio de una entrevista televisiva con Kamel Nacif, audio de entrevista periodística con la juez quinto penal de Puebla, copia certificada de diversos expedientes personales de servidores públicos relacionados con la detención y procesamiento de la periodista e informes rendidos por empresas de telefonía y telecomunicación, entre otros.

En las conclusiones del informe, el ministro Juan N. Silva Meza determinó que sí hubo concierto de autoridades de los estados de Puebla y Quintana Roo, así como aprovechamiento y uso ilegítimo del aparato del gobierno del estado de Puebla para violar “de forma grave” las garantías individuales de la periodista Lydia Cacho.

PEDERASTIA

Además, el informe también reconoce la existencia de violación reiterada y sistemática de derechos fundamentales en perjuicio de menores de edad a través de las redes de pederastia y pornografía infantil en el país.

Dentro de estas conclusiones, la comisión determinó que corresponderá al Congreso de la Unión la decisión definitiva sobre la procedencia o no del juicio político contra “el góber precioso” Mario Marín.

En cuanto la responsabilidad de las autoridades que participaron directa o indirectamente “en la componenda del gobernador” con el empresario Kamel Nacif, señala que será la legislatura de cada entidad federativa quien inicie el procedimiento que corresponda contra el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del estado de Puebla, Guillermo Pacheco Pulido, así como en contra de los procuradores generales de justicia de los estados de Puebla y Quintana Roo.

Además, establece que el pleno del Tribunal Superior de Justicia de Puebla determinará decidir sobre la conducta de los funcionarios judiciales, en particular, de la jueza quinta de lo penal Rosa Celia Pérez González.

Al Ministerio Público de Puebla y Quintana Roo, señala el informe, le corresponderá el ejercicio de las sanciones penales por la corrupción de las autoridades y por los delitos contra la administración de justicia que se consideren cometidos.

Asimismo, señala que las instituciones de la Procuraduría General de la República (PGR) así como las que se encargan de la defensa de las y los menores, deben “investigar, combatir y perseguir con toda la fuerza e ingenio del estado cualquier acto de pederastia, explotación y pornografía infantil”.

En las conclusiones también se sugiere que los poderes del Ejecutivo, tanto federal como de los estados, “pugnen por el establecimiento y rehabilitación de las instituciones especiales de atención a la salud, esparcimiento de recuperación y de ayuda física y psicológica de las y los menores garantizando su subsistencia con presupuesto suficiente a cargo del erario”.

Y recomienda la inmediata emisión de leyes para garantizar la ejecución de las ya existentes, así como las recomendaciones internacionales “con precisión, obligación y responsabilidad para las personas, empleados o funcionarios que intervengan en la atención de los menores”.

En general, se pronuncia porque haya una atención integral para las y los menores víctimas de las redes de pornografía infantil, reparación del daño y un trato digno.

Así lo determinó en sus conclusiones el ministro Juan N. Silva Meza, quien encabezó la segunda comisión investigadora del caso de violación a las garantías individuales de la periodista Lydia Cacho, presentado ante el pleno de la Corte este día.

07/LGL/GG

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