El Senado de la República ratificó hoy el Protocolo Facultativo sobre la Convención de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), instrumento que obliga al gobierno a rendir cuentas ante la ONU sobre violaciones graves o sistemáticas a los derechos humanos de las mexicanas.
Después de una difícil negociación al interior de la Cámara alta, el Protocolo fue aprobado por 77 senadores y senadoras, un total de 128, que se encontraban en la sesión.
Pasaron dos años desde que México adoptó este instrumento ante la Asamblea General de la ONU, el 10 diciembre de 1999.
El decreto del Senado establece que el comité de 23 expertas de la CEDAW, con sede en la ONU, podrá investigar violaciones reiteradas a los derechos de las mexicanas y hacer observaciones al gobierno federal sobre esos puntos, como podría ser la persistencia del examen de no gravidez, por ser una práctica discriminatoria hacia las mujeres.
También permite que mujeres en lo individual o en grupo, denuncien violaciones a los 24 puntos de la CEDAW.
En la tribuna del Senado de la República, la integrante de la Comisión de Equidad y Género, Aracely Escalante, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), al explicar que el Protocolo Facultativo permitirá ampliar los recursos para prevenir discriminación y violencia hacia la población femenina, así como impulsar un perfil más democrático en México.
Mientras que la senadora priista Lucero Saldaña, tras informar que 28 países en el mundo han ratificado el Protocolo, llamó la atención sobre las prácticas discriminatorias tan extendidas en México, que van de aquellas que prohíben a las mujeres trabajar sin el consentimiento de su marido hasta los asesinatos impunes de 260 mujeres en Ciudad Juárez.
Asimismo, celebró la voluntad política del presidente Vicente Fox para enviar el protocolo para su discusión en el Senado, lo cual ocurrió en septiembre del 2001, tras un insistente reclamo del movimiento de mujeres en México.
Por su parte, la senadora del Partido de la Revolución Democrática (PRD), María del Carmen Rodríguez, al destacar las repercusiones políticas, económicas y culturales que el instrumento internacional tendrá para la población mexicana, reivindicó el feminismo ante legisladores y ciudadanas ahí presentes.
«El feminismo es un movimiento con amplias repercusiones nacionales. El feminismo reivindica el derecho a la paridad política, a la igualdad en las relaciones y la no violencia.»
Mientras que en su oportunidad, la senadora perredista Leticia Burgos, al hacer un balance en tribuna de las dificultades ideológicas para elaborar un dictamen sobre la aprobación del protocolo que defiende los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, criticó a los legisladores de «fundamentalistas, misóginos y machistas» que se opusieron con visiones retrógradas.
Asimismo, celebró la decisión de la presidenta de la Comisión de Equidad y Género, Susana Stephenson, por cambiar su dictamen y sumarse a la aprobación final del Protocolo de la CEDAW.
La senadora Susana Stephenson, del Partido Acción Nacional (PAN), había mostrado oposición a los términos de la Convención, al igual que Cecilia Romero, su correligionaria y expresidenta de la conservadora Asociación Nacional Cívica Femenina (Ancifem), aliada de Provida y otros movimientos de derecha.
Por lo que Stephenson advirtió, tras celebrar el esfuerzo de las senadoras y organizaciones de mujeres, que no permitirán recomendaciones hechas por el Comité de CEDAW que lastimen la sociedad plural. En tanto que la senadora Romero advirtió que ese instrumento novedoso «puede ser usado para cuestiones nefastas.»
Las oradoras coincidieron en que el Protocolo favorecerá mejores políticas públicas para todos los sectores femeninos en México pero, en particular, hacia las campesinas.
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