Organizaciones civiles y sociales se pronunciaron por la reapertura del caso de Ernestina Ascencio Rosario, por la intervención de organismos internacionales defensores de los derechos humanos y la realización de un peritaje cultural y lingüístico del caso. Exigieron también la salida del Ejército Mexicano de las comunidades indígenas y que se ponga fin al clima de violencia e inseguridad en la Sierra de Zongolica.
Durante el encuentro «Zongolica. Ernestina, Reclamo de Justicia, Derechos Humanos, Autonomía Indígena y Municipal», también se acordó que los ayuntamientos tengan la obligación de asegurar la participación de las mujeres en los cargos municipales, en un 50 por ciento, en el corto plazo. Además, que se incorporen los criterios de equidad y género en la vida municipal, que tenga como meta principal la erradicación de todas las formas de violencia contra las mujeres.
Asimismo, se convino en solicitar la intervención del equipo forense argentino que actualmente trabaja en los casos de asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez y pedir la intervención de los organismos internacionales, como la Organización de la Naciones Unidas (ONU), la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para obligar a las autoridades mexicanas a reabrir el caso de Ernestina, le den seguimiento y estén pendientes del mismo.
También se estipuló la creación de un organismo de investigación independiente que sea propio de las organizaciones de los derechos humanos, para continuar con el caso.
Condenaron enérgicamente la intervención de Felipe Calderón Hinojosa, quien politizó el proceso judicial, protegió a los criminales y decidió violar los derechos humanos de la señora Ernestina.
AUTONOMÍA Y EJÉRCITO
Entre los resolutivos que se tomaron en el citado encuentro, celebrado en los días 26 y 27 de mayo en el Museo de la Ciudad de México, también destacan:
En el marco de la autonomía indígena y municipal, se acordó que los miembros del Ejército, policías estatales y federales deberán sujetarse al principio de respeto a la autonomía de los pueblos indígenas y municipales.
Que los mandos militares y policiacos deberán respetar, coordinarse, efectuar y establecer convenios para su actuación en los estados y municipios, siempre en el respeto irrestricto de los derechos humanos y las leyes del país.
Que las autoridades municipales debidamente constituidas y la Suprema Corte de Justicia de la Nación deroguen las jurisprudencias que violan el Artículo 129 de la Constitución, que permite al Ejército realizar tareas de seguridad pública; es decir que el Ejército ya no se dedique hacer trabajo de seguridad pública y regrese a los cuarteles.
Fortalecer los principios que regulan la relación de civiles y militares, que implique la preeminencia de lo civil sobre lo militar; lo que implica que en tiempos de paz el ejército esté en sus cuarteles y campamentos fuera de las poblaciones, como actualmente dice el citado Artículo 129.
Éste también establece que miembros del Ejército no puedan alojarse en casas, terrenos o instalaciones particulares, ni exigir alimentos, leña y otras prestaciones a civiles.
Cuando un militar cometa un delito donde estuviese implicado un civil, el caso se deberá tunar a la autoridad civil, no del fuero militar.
De igual forma, se acordó que en la Reforma del Estado se reconozca la autonomía indígena y municipal, que significa tener un régimen multimunicipal y multicultural que refleje la diversidad de nuestro país, lo que implicaría reconocer la autonomía de nuestros pueblos, territorio y también reconocer las formas de ejercicio del gobierno propias de los pueblos.
07/MLT/GG
