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Realizan foro por derechos de mujeres indígenas y campesinas

Por la Redacción
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Investigadoras y activistas por los derechos de las mujeres indígenas y campesinas en el estado de Chiapas se pronunciaron contra el despojo de sus tierras, y denunciaron vejaciones en contra de sus derechos políticos.
 
Los pasados 24, 25 y 26 de julio el Centro de Derechos de la Mujer en Chiapas realizó el “Foro Sur-Suroeste de análisis y construcción de alternativas: tenencia, uso y usufructo de la tierra para las mujeres en Chiapas”, en el que participaron investigadoras y defensoras de los derechos de las indígenas y campesinas, quienes se pronunciaron contra las políticas que buscan despojarlas de sus recursos naturales.
 
Las 300 mujeres representantes de ejidos, comunidades y grupos indígenas y campesinos de Chiapas, y de otros estados, acusaron que en los territorios donde viven se impulsan proyectos petroleros, mineros, ecoturísticos, eólicos, hidroeléctricos, de infraestructura carretera y aeroportuaria, y de saqueo de sus conocimientos tradicionales.
 
Además, dijeron, se está explorando en territorios indígenas sin consulta ni autorización de las y los pobladores, para identificar y aprovechar sus bienes naturales.
 
Manifestaron que estas vejaciones implican el despojo de sus territorios y bienes comunales, así como el desplazamiento forzado, ilegal e injusto del espacio en el que conviven, trabajan y recrean su cultura e identidad.
 
Acusaron a la Procuraduría Agraria, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu); las secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), y de Turismo (Sectur), así como a la Comisión Nacional Forestal (Conafor), de excluir históricamente a las mujeres del derecho a la tierra y a la participación política.
 
Aseguraron que esas instituciones se valen de diversas estrategias para imponer proyectos de despojo. Por ejemplo, presionan a las y los ejidatarios y comuneros a que acepten la titulación individual de sus tierras, y al final son orillados a vender o rentar las propiedades que siempre han sido comunales.
 
Abundaron que los medios de comunicación también criminalizan las luchas de resistencia y tergiversan sus discursos, como sucede con San Salvador Atenco, en el Estado de México.
 
También se están haciendo “falsas y dudosas” promesas a las y los trabajadores del campo a cambio de obtener las tierras, tales como la generación de obras en beneficio de la comunidad, fuentes de empleo e ingresos, y el otorgamiento de nuevos recursos; además de que también se les condicionan los apoyos federales y estatales.
 
Del mismo modo, las activistas reclamaron que se estén comprando a líderes y autoridades municipales, campesinas, ejidales y comunitarias para que autoricen la introducción de proyectos sin la consulta previa e informada de los pueblos.
 
Igualmente, afirmaron que los territorios en conflicto están siendo militarizados, y los movimientos de resistencia son reprimidos a través de tortura sexual, amenazas, terror, detenciones, encarcelamiento y asesinatos de dirigentes.
 
Para lograr que los proyectos de despojo se concreten, ya se están trazando carreteras que atraviesan comunidades y territorios indígenas y campesinos, entre ellos localidades que son bases de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), advirtieron.
 
También añadieron que las políticas públicas y reglamentos referentes a la tierra sólo reconocen a los varones como propietarios, y que las mujeres no son convocadas durante los procedimientos de consulta.
 
Del mismo modo, profundizan el empobrecimiento, la exclusión y marginación social, además de que se somete especialmente a las mujeres a grandes cargas de trabajo, y la explotación sexual y laboral.
 
Las colocan en una mayor dependencia y subordinación no sólo de los hombres, sino del Estado, y aumenta la inseguridad económica, social, laboral y física, lo que incrementa la vulnerabilidad de las mujeres ante la violencia.
 
Concluyeron que todas estas estrategias trasgreden los derechos de las indígenas y campesinas a la salud, la alimentación, el agua, el territorio, la cultura e identidad, la igualdad y la no discriminación.
 
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