Mujeres peruanas podrán denunciar la violencia sistemática de sus Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) en el Primer Tribunal Ético Político que se realizará aquí.
Jessenia Casani, asistente de la Coordinación Nacional hacia el Tribunal por los DESC de las mujeres de Perú, señaló que este ejercicio democrático será también el marco para exigir justicia, ante un jurado compuesto por mujeres de reconocida trayectoria relacionada con la defensa de los derechos humanos.
El Tribunal por los DESC, que se realizará el próximo 2 de junio, también habrá de emitir su fallo tras la presentación de los casos, la sustentación y la defensa que realice el Estado, que tendrá sus representantes también.
«Este fallo indicará las responsabilidades del Estado y del sector privado y señalará las recomendaciones para que los derechos vulnerados sean restituidos», informó Casani a la agencia RIMA.
El Tribunal, explicó la entrevistada, es una iniciativa que surge de un consorcio regional de cinco países: Bolivia, Perú, Ecuador, Chile y Colombia, que desde 2003 ha realizado una gran tarea de organización y concienciación con las mujeres de sus respectivos países y cuyo proceso concluirá en un Tribunal Regional que también se prevé concluirá en este país en julio próximo.
En el Tribunal Nacional peruano se presentarán dos casos y cuatro testimonios, a través de ellos se podrá dar a conocer la realidad en la que tienen que vivir las mujeres lesbianas, aquellas afectadas por la actividad minera, las obreras de la agro exportación y las trabajadoras del hogar.
Las denuncias también permitirán poner al descubierto la trama «siniestra del sistema de salud», al presentar casos de mujeres a las que le negó el acceso a la atención de salud en caso de aborto terapéutico, y los de mujeres que fueron esterilizadas a la fuerza.
Cabe señalar que los DESC garantizan el derecho a la propiedad, al crédito, al trabajo, a la libre sindicalización y a la huelga, a la protección social, a la vivienda digna, a la atención de la salud física y mental incluida la sexual y reproductiva, a la educación, al respeto a las manifestaciones culturales y a la cosmovisión, a la libre orientación sexual, a gozar del progreso científico, entre otros.
En la mayoría de los países de la región los DESC son violados una y otra vez, y son las mujeres las más perjudicadas. Esta situación se ha visto agravada por la imposición de las políticas neoliberales que no han hecho más que acentuar las desigualdades sociales y de género.
Las organizadoras afirman que «pese a estar garantizados en instrumentos jurídicos internacionales suscritos por el Estado peruano como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) y la Convención sobre la Eliminación de Todas las formas de Discriminación hacia las Mujeres (CEDAW, por sus siglas en inglés) y la propia Constitución, éstos derechos son ajenos a la vida cotidiana de la población, pero de manera fundamental de las mujeres».
Las Instituciones que forman parte de la Coordinación Nacional son la Asociación Aurora Vivar, Central Nacional de Mujeres Mineras, Centro Flora Tristán, FEMOCCPAALC, Grupo Género y Economía, Coordinadora de Lesbianas Feministas, Lundú, Milenia Radio y DEMUS Estudios para la Defensa de los Derechos de la Mujer.
2005/SJ
