Integrantes de ocho organizaciones civiles de derechos humanos desestimaron hoy la eventual designación de Clara Torres como comisionada especial para el caso Ciudad Juárez, por tener fuertes vínculos con el Partido Acción Nacional (PAN), en el norteño estado de Chihuahua.
En conferencia de medios las activistas consideraron que la comisionada no puede estar vinculada a ningún partido político, como requisito indispensable para garantizar su eficacia, credibilidad y legitimidad.
A nombre de la campaña Alto a la Impunidad: Ni Una Muerta Más, Claudia Cruz destacó que Torres, responsable del programa Ponte Viva del gobierno de Chihuahua destinado a prevenir la violencia contra las mujeres, ha sido vinculada también a Francisco Barrio Terrazas.
Barrio Terrazas es el actual coordinador de la fracción del PAN en la Cámara de Diputados, fue secretario de la Contraloría y gobernador de Chihuahua en el periodo en que ocurrió la mayoría de los asesinatos de mujeres. Su gobierno se distinguió por culpabilizar a las jóvenes asesinadas por salir de noche, tener «malas amistades» y frecuentar lugares peligrosos.
La comisionada debe conocer a fondo el problema, el tema de violencia contra las mujeres, tener experiencia en trabajo de derechos humanos y un conocimiento profundo de la problemática femenina en general, además de tener legitimidad ante la sociedad y organismos de derechos humanos y familiares en chihuahua, consideraron las activistas.
Aunque no ha sido designada formalmente, Clara Torres ha estado trabajando desde la Secretaría de Gobernación en el seguimiento y gestoría de las peticiones de familiares de las víctimas del feminicidio en Chihuahua.
Las conferencistas cuestionaron los pocos resultados de las ocho instancias intergubernamentales creadas para resolver los asesinatos de mujeres y evitar que ocurran mas y llamaron a que trabajen de manera coordinada y con voluntad política para tener éxito, particularmente en lo que toca al gobierno de Chihuahua.
Según la campaña Alto a la Impunidad son 370 las mujeres asesinadas en Ciudad Juárez de 1993 a la fecha. 120 de esos homicidios tendrían el patrón de haber ocurrido contra mujeres jóvenes y con violencia sexual.
Ximena Andion, representante de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), precisó que el feminicidio es un asunto de violencia de género en todos los casos y que el gobierno mexicano ha sido incapaz de prevenir y sancionar a los culpables.
Destacó que aunque no están consignados los autores materiales e intelectuales, se podría fincar ya responsabilidad a algunas autoridades del estado de Chihuahua, aunque no mencionó sus nombres.
Recordaron que el próximo 20 de octubre en la sede de la comisión Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en Washington, el gobierno mexicano comparecerá en la cuarta audiencia especial sobre el caso Ciudad Juárez, a donde llegará prácticamente sin resultados contundentes.
Contrario a la recomendación hecha en febrero pasado por la ex relatora especial de la CIDH para asuntos de la Mujer, Marta Altolaguirre, persisten las amenazas y hostigamiento hacia organizaciones de derechos humanos y familiares de las víctimas en Chihuahua.
En el evento participaron la Asociación Nacional de Abogados Democráticos; el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez; la CMDPDH y la Campaña Alto a la Impunidad, integrada por los organismos Vereda Temis; Milenio Feminista; Elige Red de Jóvenes por los Derechos Sexuales y Reproductivos: Artemisa y AFL-CIO, Centro Para la Solidaridad Sindical Internacional.
Según un reporte presentado en julio pasado por la organización defensora de los derechos humanos, Amnistía Internacional, de 1993 a la fecha han sido asesinadas en Ciudad Juárez más de 370 mujeres, aunque la justicia federal sólo reconoce 258.
En tanto, la Comisión Nacional de Derechos Humanos asegura que son cuatro mil las mujeres desaparecidas en la localidad en el mismo periodo, aunque organizaciones mencionan cifras que van de 500 a mil.
2003/RM/MEL
