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Rechazan impunidad en el caso de Carmen Santiago

Por Paulina Rivas Ayala

En vista de que aún no se determina cuál será la sentencia que dictamine la reparación de los daños a la periodista Carmen Santiago –que hoy será dada de alta–; 52 periodistas del puerto de Acapulco enviaron una carta a Zeferino Torreblanca, gobernador de Guerrero, para exigir el esclarecimiento del caso y la pronta y expedita impartición de justicia.

En el documento, se apunta que sólo por presiones del gremio periodístico se consiguió que el Ministerio Público integrara la averiguación previa SEIFSSVI/027/2009, por los delitos de privación ilegal de la libertad, lesiones agravadas, omisión de cuidados –y lo que resulte– contra el agresor de la comunicadora: Rubén Ramón Mora Peralta.

El de Carmen Santiago representa un caso de violencia intrafamiliar extrema y pese a haber sido denunciado ante la autoridad y haber hecho un señalamiento directo contra el agresor, el sistema judicial de Guerrero pretendía darle carpetazo, pues de otra manera no se explica que Mora Peralta haya quedado en libertad bajo fianza pocas horas después de su detención, por considerar que las lesiones ocasionadas a la comunicadora constituían un delito no grave.

Por otra parte, en entrevista con Cimacnoticias, la periodista Magdalena Esparza, señaló que aunque Zeferino Torreblanca acordó que mientras él sea gobernador de Guerrero a Carmen se le seguirá pagando su sueldo íntegro, esto sólo sería por los dos años que, aproximadamente, le quedan al mandatario. «Por eso nosotros queremos la pensión por decreto, para que sea de por vida», puntualizó.

Esa pensión, explica, aseguraría la manutención de ella y su familia, que se compone de Walberto Santiago, su padre de 75 años, que padece las secuelas de dos embolias, y su hijo Mauricio, de apenas cinco años, a quien se le debe garantizar la educación

«Nos estamos asesorando jurídicamente para conseguir esa pensión; es una iniciativa que debe mandar el ejecutivo estatal al congreso local para que la aprueben, ya que se tiene que incluir en el presupuesto. Esperamos sensibilizar al gobernador para que nos apoye, sobre todo porque Carmen, por las secuelas de los golpes, no puede valerse por sí misma y, para su cuidado, requiere de alguien las 24 horas», añadió.

ANTECEDENTES

El pasado 25 de julio Carmen fue golpeada por su ex pareja Rubén Mora Peralta, quien además la privó de su libertad y en complicidad con su tío Dorio Mora Tapia, ex director del la clínica del Instituto de Seguridad y Servicio Social para los Trabajadores del Estado en Guerrero, la sustrajo del hospital, pese a que el cuerpo médico advirtió sobre la gravedad de su salud.

El 3 de agosto pasado Teresa Larumbe denunció los hechos ante la Procuraduría de Justicia (PGJ) de Guerrero, cuyo número de averiguación previa es BRA/SC/07/1623/2009, de la que esta agencia tiene una copia.

La fiscalía especializada para investigar delitos sexuales y violencia intrafamiliar,con Dominga Chávez como titular, concedió a Rubén Mora la libertad bajo caución dos días después de haber sido detenido, ya que los delitos de que se le acusa son considerados no graves en el código del estado. La multa que le fijaron fue de 280 mil pesos, la que luego se redujo a 80 mil, pues presentó una constancia de pobreza que expidió el Ayuntamiento de Chilpancingo.

Sobre los delitos, hay una «desventaja en el código del estado» para que los agresores estén tras las rejas, por eso Semujer está impulsando un proyecto de reforma para que por lo menos no alcancen la libertad bajo caución mientras se resuelven los casos, explicó Rigoberta Román Orea, abogada acompañante asignada por la Secretaría de la Mujer del estado para dar asesoría jurídica en el caso de Carmen.

En días pasados la Procuraduría de Justicia del estado pidió apoyo a la Procuraduría General de la República para que mandaran al hospital Adolfo López Mateos –donde se atendió a Carmen– a peritos y médicos legistas para recabar información, aunque Teresa Larumbe refiere no tener noticia de que estos se presentaran para obtener los datos y agilizar la integración de la averiguación previa.

El avance de ésta aún sigue en «perfeccionamiento», como manifestó la fiscalía en delitos sexuales y violencia intrafamiliar a la abogada Román Orea, quien apuntó que no se ha podido comunicar con la fiscal Chávez.

Las amigas de Carmen no creen que se haya avanzado en la averiguación dado que, se quejan, no se les ha llamado a declarar y reclaman cuanto antes el informe final de los datos para que el caso pase a un juez penal y se determine la reparación de los daños.

Hasta hoy, además, Dorio Mora no ha sido llamado a declarar; lo único que se consiguió fue que lo destituyeran de su cargo como Director de la clínica del ISSSTE para «desahogar» la investigación, aunque continúa trabajando en el hospital, a pesar de su cuestionable ética como médico, explica, Magdalena Esparza.

JUSTICIA DESIGUAL
En conferencia de prensa Zeferino Torreblanca reconoció ayer que es obligación del estado «investigar y aclarar» los hechos en que se dio el asesinato del diputado perredista Armando Chavarría Barrera y, dijo, «lo haremos con el mayor profesionalismo».

«Es una obligación en todos los casos, no sólo en el de Chavarría», expresaron a Cimacnoticias varias de las colegas y amigas de Carmen Santiago, cuya averiguación previa, después de tres semanas de suscitados los hechos, aún no se integra.
Ante la afirmación de que su gobierno «reprueba la violencia en cualquiera de sus manifestaciones y por cualquier motivación», se le exige que aplique ese criterio en todos los casos, sobre todo en los de mujeres, dado que Guerrero es uno de los estados más atrasados y con más violencia hacia la mujer, incluso por encima de Ciudad Juárez, aseveró Magdalena Esparza.

Las compañeras de Carmen exigen que, como en el caso de Chavarría, el gobernador ordene «a la brevedad posible se informe de las líneas de investigación y el avance que se tenga en relación con este lamentable suceso».

09/PR/LG

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