La organización civil Fundar y el Partido de la Revolución Democrática (PRD) descalificaron hoy los argumentos del Comité Nacional Provida -publicados en la prensa mediante un desplegado-, para justificar el manejo de los 30 millones de pesos que recibió de la Secretaría de Salud (SS) en 2003 para sus labores antiaborto.
En entrevistas por separado, la diputada perredista Malú Micher y la directora de Fundar, Helena Hofbauer, insistieron en que por más explicaciones que dé, el apoderado legal de Provida, Jorge Serrano Limón, no ha podido demostrar de manera contundente que no cometió «corrupción» en el manejo de recursos públicos.
Advirtieron que el fundador de Provida incurrió en un «delito», y por tanto debe ser sancionado conforme a derecho.
Este miércoles, la organización opositora al uso del condón y el aborto legal publicó un desplegado en la prensa nacional en el que se defiende de lo que califica como una campaña de «linchamiento» en su contra, que tiene como fondo, asegura, «intereses económicos y políticos de quienes se benefician con el aborto, y la promoción de desviaciones graves de la conducta».
Provida sostiene que recibió de la SS los 30 millones de pesos «como los reciben muchas otras asociaciones con diversos fines». Igualmente, calificó la acusación de que en los Centros de Ayuda para la Mujer (CAM) se practican abortos como «falsa y francamente ridícula».
Sin embargo, en su desplegado Provida no explica sobre el manejo de fondos del erario en las bolsas de valores de México y Nueva York.
Helena Hofbauer afirmó que independientemente de lo que explique Serrano Limón, la Secretaría de la Función Pública (SFP) y la SS han reconocido el mal uso que hizo el grupo ultraconservador de los fondos públicos y la «poca transparencia» con la que maneja los recursos.
Sostuvo que la campaña de grupos civiles como Fundar, Equidad de Género y Salud Integral para la Mujer, para denunciar las irregularidades en la asignación de presupuesto a Provida y el mal manejo del mismo, es «apartidista» y plural.
Hofbauer dijo, contrario a lo que expone Provida en su desplegado, que la agrupación ultraderechista «se benefició» con recursos del erario a diferencia de otras agrupaciones civiles que a lo mucho reciben un millón de pesos mediante concurso público.
La activista remarcó que se le deben fincar responsabilidades penales a Serrano Limón por la corrupción cometida, y lo invitó a debatir públicamente con las organizaciones civiles para que presente las pruebas que demuestren su supuesta inocencia.
Por su lado, Malú Micher -quien el pasado viernes presentó ante la PGR junto con otros diputados del PRD una demanda penal por peculado contra Serrano Limón y Rocío Galvez, presidenta de Provida- indicó que el fundador de la agrupación ha dicho públicamente que «se equivocó» en el manejo de los 30 millones de pesos.
«Esa equivocación es un delito», aseguró la secretaria de la Comisión de Equidad y Género. Rechazó que haya una campaña de «difamación» contra la organización antiabortista, y aclaró que el Poder Legislativo ha ejercido su función de fiscalizar el presupuesto público.
Se prevé que en días próximos la bancada perredista en la Cámara baja presente una denuncia penal contra el director de Banobras, Luis Pazos, quien en su carácter de presidente de la Comisión de Presupuesto en la pasada Legislatura recortó fondos para atender el VIH y los destinó unilateralmente a Provida para la construcción de 10 CAM.
2004/RM/SM
