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Rechazan que Castresana sea perito en feminicidio en Juárez

Por Gladis Torres Ruiz

Ante las gestiones de autoridades federales y del estado de Chihuahua para que Carlos Castresana Fernández, fiscal del Tribunal Supremo de España, sea perito en la investigación del feminicidio en “Campo Algodonero”, en Ciudad Juárez, académicas y activistas exigieron al Estado mexicano que sea “coherente”, y no contrate a “violentadores de mujeres” como coadyuvantes en la indagación del caso.

El pasado martes Cimacnoticias publicó que la Fiscalía Especializada en Atención de Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género de Chihuahua, en coordinación con el gobierno federal, gestiona la contratación del fiscal Carlos Castresana como perito externo para indagar los asesinatos de mujeres en el llamado “Campo Algodonero”, a pesar de estar denunciado por su ex esposa, la periodista Sanjuana Martínez, por violencia familiar.

En entrevista, Gloria Ramírez, académica de la Cátedra UNESCO de Derechos Humanos de la UNAM, acusó que es incoherente que para investigar el feminicidio en la urbe fronteriza las autoridades contraten a un experto en violencia de género que en la vida cotidiana está acusado de violencia familiar, y que además se colude con “jueces y autoridades violentadoras de mujeres”, en alusión a las agresiones que ha sufrido Sanjuana Martínez.

El pasado 5 de julio la reportera sufrió una detención arbitraria en su domicilio por parte de la policía estatal de San Pedro Garza, Nuevo León.

La orden de aprehensión fue girada por la juez Luz María Guerrero, del Juzgado Decimoquinto de lo Familiar de San Pedro, luego de que Castresana interpuso una demanda contra Sanjuana para quitarle a sus hijos, lo que es ilegal de acuerdo con las leyes estatales.

Gloria Ramírez, también coordinadora del Observatorio Ciudadano de los Derechos de las Mujeres, afirmó que la juez Guerrero “está en alianza con Carlos Castresana”.

Agregó que son de conocimiento público las acciones de violencia contra mujeres por parte de esta juez, tales como la violación de la secrecía del albergue para mujeres víctimas de violencia Alternativas Pacíficas, en la ciudad de Monterrey, y la detención de su directora, María del Mar Álvarez.

Ramírez dijo que el llamado de la academia es una exigencia de coherencia a las autoridades, porque no se puede contratar a un experto en un caso tan delicado para las y los mexicanos como lo es el del “Campo Algodonero”.

Abundó que a todas luces no sólo se violentan cuestiones éticas, sino que se favorece a Carlos Castresana como un experto que conoce todos los mecanismos jurídicos contra la violencia de género, pero que los usa a su favor e incurre en abuso de poder en colusión con los impartidores de justicia.

El Observatorio Ciudadano emitió la “Acción urgente maltratadores fuera de las instituciones”, en el que académicas y defensoras de Derechos Humanos (DH) hicieron un llamado a la opinión publica, funcionarias, funcionarios encargadas de instancias de justicia y de defensa de los derechos de las mujeres, para que las y los expertos que desee contratar la Fiscalía Especializada de Chihuahua o cualquier otra instancia encargada de investigar, prevenir y sancionar la violencia contra las mujeres “no tengan antecedentes de agresión”.

Y que “sobre todo mantengan una ética coherente con la alta y delicada labor que significa la atención a víctimas de violencia de género y feminicidio, la impartición de justicia o la elaboración de políticas publicas relativas a este tema”.

En la acción urgente de las académicas se publica la liga del sitio www.change.org, en el que activistas demandan la expulsión o cese de sus funciones del fiscal Carlos Castresana en una solicitud titulada “Maltratadores estén fuera de las instituciones”.

La pagina web, creada en España, sostienen que el Fiscal en su país el “señor es conferencista y especialista en violencia de género mientras usa, en el país hermano (México), para defenderse a los abogados de los más famosos narcos”.

Hasta el cierre de edición, la petición para que el fiscal español sea retirado de sus funciones llevaba 200 firmas, entre ellas la de la doctora en Sociología, especialista en feminicidio, Julia Monarrez, también profesora e investigadora del Colegio de la Frontera Norte, con sede en Ciudad Juárez, y quien señala que su adhesión es “porque Sanjuana busca la justicia para otras y otros. Ella también necesita vestirse de justicia. No a Castresana”.

En el sitio www.change.org también opina Marisela Ortiz, fundadora de la organización chihuahuense Nuestras Hijas de Regreso a Casa, quien señala: “Estamos en contra de la impunidad y luchamos por erradicar todo tipo de violencia. Castresana no puede ostentarse como defensor de las mujeres cuando ejerce la violencia en contra de ellas. Basta de farsa”.

Irma Saucedo, feminista y especialista en violencia de género, expresa que “no existirá democracia en ningún país mientras haya hombres poderosos que abusan de su poder y funcionarios públicos corruptos, omisos o simuladores”.

Entre otras firmantes de la solicitud contra el fiscal español están las defensoras de DH Isabel Vericat y Mariaurora Mota, la investigadora Clara Fleiz, y Bertha de la Maza.

El 10 de diciembre de 2009, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) concluyó que los homicidios de Esmeralda, Claudia Ivette y Laura Berenice ?cuyos restos fueron encontrados en el “Campo Algodonero”? ocurrieron en un contexto de discriminación y violencia contra las mujeres, y que durante la indagación de los hechos existió impunidad, por lo que condenó al Estado mexicano.

Hasta el momento las investigaciones para dar con los responsables de esos crímenes siguen igual que hace 11 años, cuando ocurrieron lo hechos, por lo que la semana pasada la Fiscalía Especializada informó que se gestiona la contratación de cinco peritos internacionales para coadyuvar en el caso, y entre quienes se encuentra Carlos Castresana.

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