Rechazo social a reformas contra la IVE en España

La legislación de la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) es una conquista social que lleva detrás décadas de lucha. Especialmente de las mujeres, aunque también muchos hombres han apoyado a conseguir este logro social que hoy está en peligro en España.
 
El gobernante Partido Popular (PP) quiere acabar con la actual Ley del Aborto que da libertad y apoyo a las mujeres para decidir sobre su cuerpo y maternidad. Por eso la protesta feminista el pasado 16 de mayo frente a las sedes del PP en las principales ciudades del Estado español.
 
Uno de los lemas de la convocatoria “¡Tócale el pito (claxon) a Gallardón!”, invitaba a una manifestación pública del descontento popular –no sólo de las mujeres–, que se opone a que el actual ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, introduzca una reforma de ley que prohíba y criminalice el aborto libre.
 
Las personas asistentes a estas movilizaciones, convocadas a través de las redes sociales, portaron pancartas a favor del derecho de las mujeres a decidir sobre la IVE y realizaron una larga jornada de claxonazos contra el titular de Justicia.
 
En Madrid, cortaron la calle Génova a gritos de “Aborto legal para no morir”, “Nosotras parimos, nosotras decidimos”, y “Madre libre. Los vientres libres harán hombres libres”.
 
“Ninguna mujer es abortista en el sentido de ver en el hecho de abortar algo gratificante”, dijo Charo, una de las manifestantes, a AmecoPress. “Pero las mujeres queremos y debemos ser libres y apoyadas en nuestras decisiones”.
 
“Una ley que garantiza el aborto libre y gratuito no obliga a abortar; si la mujer no quiere interrumpir su embarazo y quiere ser madre lo hará; sin embargo, una ley que restringe y criminaliza el aborto sí supone una coacción a quieres quieren ejercer su derecho”, defiende Ismael, un hombre que cree que “estamos en un Estado aconfesional por lo que la Iglesia no debe inmiscuirse en las decisiones que afectan a las y los ciudadanos”.
 
Tras leer el manifiesto, las convocantes de la protesta abandonaron la zona pacíficamente. Sin embargo, al menos un centenar de ellas continuaron la movilización frente al domicilio del ministro de Justicia que vive próximo a la plaza de Tribunal.
 
Allí gritaron “vergüenza”, “aborto libre”, o “fuera el aborto del Código Penal”, hasta que la policía desalojó la calle.
 
Cabe destacar que una legislación más restrictiva en materia de aborto no limita el número de abortos, pero sí disminuye las garantías legales y sanitarias de miles de pacientes, e incluso vulnera aún más el derecho a la vida.
 
Como han señalado profesionales y organizaciones, la reforma que pretende realizar el gobierno en materia de aborto abocará a la “clandestinidad” a quienes no dispongan de los medios económicos necesarios con el consiguiente riesgo para la vida y salud de las mujeres.
 
Santiago Barambio, de la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción Voluntaria del Embarazo (Acai), explicó hace unos días el absurdo de legislar de espaldas a la realidad.
 
El Ministerio de Sanidad dio a conocer en su informe de 2011 que 106 mil 26 mujeres abortaron por voluntad propia en España durante ese año.
 
Los estudios de Acai revelan que 66 mil 107 de esas mujeres abortarían aunque sus circunstancias económicas, laborales o afectivas fuesen diferentes, porque la decisión de interrumpir su embarazo es una decisión íntima y personal. Y ninguna ley les va a hacer cambiar de parecer por muy arriesgada que sea la decisión que tomen. “Negar este hecho es no querer ver”, advierte Barambio.
 
Entre otras importantes restricciones que incluirá la reforma anunciada por Gallardón, está el volver a exigir a las menores consentimiento de la madre, padre, o responsables de su tutela.
 
Hay que aclarar que los abortos entre adolescentes no se han disparado con la nueva Ley del Aborto, según acreditan tanto el Ministerio de Sanidad e Igualdad, como un informe de la Acai publicado a finales de 2011 y que analizaba los datos del primer año de entrada en vigor de la ley actual.
 
El hecho de que desde julio de 2010 la IVE sea libre hasta las 14 semanas y que las menores no necesiten el consentimiento de sus padres, salvo contadas excepciones, no ha convertido la norma en un coladero.
 
Sólo 3.2 por ciento de las mujeres que interrumpieron voluntariamente su embarazo durante los primeros 15 meses de aplicación de la Ley del Aborto del gobierno de Zapatero, tenían 16 o 17 años, un dato similar al de años anteriores. En 2009, con la antigua norma, esa misma cifra fue de 3.8 por ciento, según los datos oficiales del Ministerio de Sanidad.
 
Además, el 87 por ciento de las jóvenes (un total de mil 35) no sólo acudieron a las clínicas habiendo informado previamente a sus padres y madres, sino que además fueron acompañadas de sus madres o tutores legales, según acredita el informe de las clínicas, para el que tomaron una muestra de 36 mil 718 mujeres que habían abortado en sus centros de toda España desde julio de 2010, hasta octubre de 2011.
 
La realidad pone de manifiesto que sólo 151 jóvenes (13 por ciento de las menores que abortaron y 0.4 por ciento del total de abortos) no pudieron informar a sus padres, madres o tutores legales de su decisión.
 
Se trata de una minoría de adolescentes con problemas familiares. Jóvenes inmigrantes cuyos tutores no residen en España. Menores de edad que, por ejemplo, tienen a su padre en la cárcel o cuyas madres se desentienden. En su mayoría, tuteladas por la administración, viven en albergues.
 
Para las y los profesionales del sector, cambiar la ley, como pretende Mariano Rajoy, y volver a requerir el consentimiento paterno para poder abortar a los 16 y 17 años, llevaría a esta minoría, precisamente un grupo de población ya de por sí en el umbral de la exclusión social, a abortar de manera insegura.
 
“Si las desamparamos, las abocamos a la clandestinidad sin justificación. La experiencia demuestra que los abortos no disminuyen porque haya leyes más restrictivas”, insiste Francisca García, vicepresidenta de Acai.
 
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