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Recibe gobierno chileno informe de Comisión contra prisión y tortura

Por la Redacción

La Comisión contra la Prisión Política y la Tortura entregó al presidente de Chile, Ricardo Lagos tres tomos con 35 mil testimonios de personas que sufrieron privación de libertad y torturas durante el régimen del general Augusto Pinochet, entre el 11 de septiembre y el 11 de marzo de 1990 en cárceles, cuarteles, buques, comisarías, centros de tortura y campos de prisioneros, entre otros lugares.

En tres semanas más, el jefe de Estado deberá darlo a conocer al país y proponer las eventuales reparaciones a las víctimas, se informó en el portal Mujereshoy.

El informe de la Comisión contra la Prisión Política y la Tortura, elaborado en 12 meses, es un registro histórico que determina cómo se conculcaron las garantías más elementales de las personas en los campos de concentración, administrados por agentes de las Fuerzas Armadas y Carabineros.

El documento incluye un mapa de regimientos, comisarías y barcos que constituyeron la red de centros de detención y relata los tormentos aplicados a las personas detenidas.

Las 35 mil personas presas políticas y torturadas representan sólo un tercio de las personas que se estiman fueron víctimas de abusos en ese período, muchas de las cuales no quisieron o no pudieron volver a recordar el drama vivido, mientras otras fallecieron.

Aunque el Presidente Lagos expresó que se trata de un paso que pocos países han hecho, lo cierto es que la tortura es considerada por el derecho internacional como un crimen contra la humanidad y por ello un delito imprescriptible en el tiempo y exento de cualquier amnistía.

Las organizaciones de derechos humanos reclaman ya que las conclusiones sean elevadas a la justicia para que se procesen los juicios correspondientes. Sin embargo, esta no parece ser la opción del gobierno de Lagos.

Pamela Pereira, dirigente del propio Partido Socialista, se mostró en desacuerdo por el carácter secreto que se da al informe hasta que Lagos autorice su difusión: “Es un error no haberlo entregado de inmediato al conocimiento de la opinión pública, porque yo creo que el país tiene la madurez suficiente para leer un informe de esta naturaleza junto con el presidente”, señaló.

Mireya García, vicepresidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos dijo: “Nosotras esperamos que se adopten todas las medidas que tienen que ver con la justicia, que tienen que ver con la reparación simbólica, jurídica y material, y que principalmente este informe sea parte integrante de la formación de las nuevas generaciones para que nunca más ocurra esto en Chile”.

La psicóloga Carolina Herrera, de la Corporación La Morada, organismo no gubernamental chileno, señaló que no cree que en el informe de la llamada Comisión Valech –que no ha sido difundido públicamente todavía, tal como lo señalamos– exista un capítulo específico sobre la utilización de la violencia sexual contra las mujeres durante la dictadura.

La Corporación La Morada realizó la investigación “Mujeres víctimas de violencia sexual como tortura durante la represión política chilena (1973-1990): un secreto a voces, en el marco de la conmemoración de los 30 años del golpe militar (1973-2003), como una forma de rescatar la memoria histórica de la represión desde una perspectiva de género.

Las primeras conclusiones apuntan a revelar que la violencia sexual –en todas sus manifestaciones– fue un método sistemático de tortura ejercido en contra de las mujeres. Sobre las agresiones, éstas fueron cometidas con “racionalidad”, no como un acto casual o aislado, por funcionarios del Estado pertenecientes a todas las ramas de las Fuerzas Armadas, Carabineros y la policía civil.

La violencia sexual como tortura se aplicó en todos los períodos de la represión y en todos los centros de detención. Los antecedentes recogidos no permiten cuantificar el número de mujeres que fue víctima de estas agresiones, ya que no sólo fueron violentadas en los centros de tortura, sino también en sus casas, durante los allanamientos, en la vía pública, en los furgones.

La investigación se propuso desde un comienzo develar la violencia sexual y de género practicada contra las mujeres en dictadura. Por ello, la hipótesis en que se basó el estudio fue que la tortura tuvo una especificidad de género, la violencia sexual que sufrieron miles de mujeres, y que esta forma de tortura fue masiva, sistemática y permanente.

2004/LR

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