Reclaman activistas falta de fondos para atender a las mujeres

Feministas, académicas y organizaciones civiles, coordinadas en la agrupación Ágora Feminista, se declararon en alerta ante los procedimientos complicados y “partidistas” que marcan las dependencias federales, para acceder a recursos públicos y que les hace prácticamente imposible financiar proyectos a favor de las mujeres.
 
Ágora Feminista, conformada por personalidades como Andrea Medina Rosas (abogada del caso Campo Algodonero) e Imelda Marrufo (coordinadora de la Red Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez), puso hoy en marcha la alerta en el Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos).
 
La agrupación exigió una reunión con instancias federales como la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), y los institutos de Desarrollo Social (Indesol) y Nacional de las Mujeres (Inmujeres), para iniciar un diálogo que permita que el trabajo de las organizaciones civiles sea financiado adecuadamente.
 
Demandó que también participen el Instituto de la Juventud (Injuve), la Secretaría de Hacienda y la Comisión de Fomento de las Actividades de la Sociedad Civil, para que todas las dependencias consideren que los recursos públicos “no son una dádiva”, sino el derecho de las activistas para financiar proyectos de interés social que el gobierno no emprende.
 
Organizaciones como Católicas por el Derecho a Decidir y la Coalición Regional contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe (CATWLAC, por sus siglas en inglés) denunciaron que en los últimos tres años se ha creado una “política de exterminio” contra las organizaciones civiles, pues al mismo que se aumentan los requisitos para acceder al presupuesto público, se reducen los fondos para las actividades ciudadanas.
 
Explicaron que mediante convocatorias y procesos de dictaminación poco transparentes lanzados por esas dependencias federales, se imponen temas, se excluyen organizaciones y se eliminan acciones fundamentales para el desarrollo.
 
“Se busca que ajustemos y cambiemos nuestro trabajo, nuestras metodologías y nuestros objetivos sociales como si se tratara de negocios que ya no son redituables”. 
 
Los grupos civiles pusieron como ejemplo que Indesol limita la posibilidad de recursos a más de un proyecto, e Inmujeres obliga a las organizaciones que buscan fondos públicos a que firmen cartas para recibir los recursos, siempre y cuando renuncien a la posibilidad de acceder a otros fondos.
 
Además –dijeron– Inmujeres establece una serie de requisitos fiscales y administrativos en plazos imposibles de cumplir, incluyendo criterios de “anti lavado” de recursos.
 
Recordaron que las organizaciones que defienden, promueven y protegen los Derechos Humanos de las mujeres han tenido un papel fundamental en el mejoramiento de las condiciones de vida de la población femenina, como la creación de legislación en la materia.  
 
Advirtieron que como activistas en muchos casos han tenido que enfrentar desde campañas de desprestigio hasta persecución y criminalización.
 
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