Mujeres y hombres tienen una relación diferenciada con el agua, para las primeras implica una sobrecarga de trabajo, al ser ellas las responsables del abasto del líquido para sus familias, denunciaron hoy colectivos de mujeres de América Latina, Europa y África.
Al presentar dentro del IV Foro Mundial del Agua la Agenda Azul de las Mujeres, un documento elaborado por la Red de Género y Medio Ambiente (RGMA), aseguraron que vivir en un entorno con agua de mala calidad coloca a las mujeres en una situación de desventaja respecto de los hombres para desarrollarse.
Presentada por integrantes de la RGMA, Women for Water y la Alianza Global de Género, la agenda reivindica que derecho al agua segura, suficiente, limpia y accesible para uso personal, doméstico y productivo, es reconocido como uno de los derechos humanos básicos, obstaculizado por las desigualdades sociales existentes derivadas de la clase social, el sexo, la etnia y otras.
Debido a esa inequidad es necesaria la construcción de una agenda que coloque en el debate público la relación de las mujeres con el agua, sus necesidades, intereses y dificultades, así como sus propuestas para hacer efectivo el ejercicio de su derecho al agua en condiciones de equidad, sostiene.
El documento, elaborado a partir de los planteamientos, demandas y propuestas de siete talleres regionales en los que participaron 239 mujeres y 35 hombres de diez estados: Veracruz, Puebla, Tabasco, Yucatán, Campeche, Quintana Roo, Chihuahua, Chiapas, Oaxaca y el Distrito Federal.
La agenda afirma que las instituciones relacionadas con la regulación, gestión y administración del agua cumplen inadecuadamente con sus funciones, por falta de coordinación y porque privilegian a los sectores más favorecidos, excluyendo a las mujeres.
Revela que las mujeres están subrepresentadas o ausentes en todos los niveles del manejo, gestión y toma de decisiones relativos al agua, y cita el caso de la Comisión Nacional del Agua (CNA), donde la proporción de personal femenino es muy baja y casi nula en los puestos directivos.
De acuerdo con datos de 2005, de 16, 086 personas que laboran en la CNA, 12,155 (76 por ciento) son hombres y 3,931 (24 por ciento) mujeres; de las cuales 2,960 (75 por ciento) están adscritas como personal de apoyo.
En los puestos de toma de decisiones -9 subdirecciones, 13 gerencias regionales y 20 gerencias estatales-sólo una mujer ocupa la Subdirección General de Asuntos Jurídicos, que es la que también funge como enlace de género en la CNA desde 2001.
«La CNA hasta la fecha, no ha desarrollado una estrategia formal de género en sus programas y planes, ni cuenta con un área que impulse una política de género en la institución. Los programas hacen referencia a beneficiarios sin distinguir el sexo, ni cuenta con información desagregada por sexo», denuncia.
En cuanto a los mecanismos de participación en la política hídrica, el documento sostiene que no se puede hablar de una verdadera representación de las usuarias y usuarios, porque no se considera la diversidad de características que éstos presentan ni sus necesidades e intereses.
Destaca que ni la Ley Nacional de Aguas ni su reglamento establecen con claridad quien es un usuario, mientras la CNA considera como tal a quien tiene el título de concesión para explotar, usar o aprovechar las aguas nacionales, y que las mujeres no tienen acceso a esta figura, pues no son propietarias de la tierra y raramente participan en las unidades de riego.
Tampoco hay mujeres en puestos de toma de decisión en los organismos operadores, por tanto no están representadas en el sector urbano, y menos aún en el sector pecuario, eléctrico, industrial y de servicios, destaca el documento.
Sostiene que México requiere remontar los rezagos en la participación de las mujeres en el sector hídrico, hacer cumplir los compromisos internacionales y formular leyes nacionales que reconozcan su derecho a la participación en las instancias de toma de decisiones y su involucramiento en todos los niveles.
«La participación de las mujeres con una perspectiva de género será posible si las políticas de gestión hídrica abren espacios para su empoderamiento con acciones afirmativas como la cotitularidad de la tierra, acceso a la infraestructura agrícola, créditos y capacitación.
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