El jefe de gobierno del Distrito Federal, Alejandro Encinas Rodríguez, reconoció la decisión del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal (TSJDF), de revocar la libertad del pederasta, Ramón Salvador Gámez Martínez, a quien se le tiene que detener nuevamente y llevarlo a prisión para que purgue una condena de 16 años 9 meses.
Al ex líder sindical, también se le condenó a pagar una sanción pecuniaria de 950 días de salario mínimo de multa, esto es, 43 mil 719 pesos.
En su habitual conferencia de prensa, el jefe de Gobierno dijo que la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF), ya solicitó la colaboración de la Interpol para ubicar y detener a Gámez Martínez, quien se presume viajó al extranjero.
Encinas Rodríguez destacó que el órgano colegiado actuó apegado a derecho e hizo justicia, toda vez que a su juicio, tanto la jueza 15 de lo penal Beatriz Moreno, como el secretario de acuerdos Miguel Ángel Pérez Camacho actuaron de manera indebida al concederle el pasado 22 de diciembre la libertad al pederasta, por los delitos de corrupción y abuso, aduciendo que las víctimas consintieron los hechos y por tanto, «no hubo delito».
Esta decisión, dijo, ayuda a tener certeza sobre el funcionamiento de los órganos encargados de la procuración y administración de justicia de la ciudad y acredita el funcionamiento y desempeño del Tribunal Superior de Justicia.
Ayer, el subprocurador de Averiguaciones Previas de la PGJDF, Renato Sales Heredia, citó el caso como un ejemplo «terrible» de la mala actuación de juezas y jueces.
Y es que para el funcionario, resulta inadmisible que un juez argumente «que existieron dudas sobre el comportamiento de la menor y, por lo tanto el pederasta es inocente del abuso de menores»
06/GV/LR
