El gobierno mexicano reconoció ante la Organización de Estados Americanos (OEA) las deficiencias en su sistema de impartición de justicia, durante las audiencias de seguimiento para los casos de la fallecida defensora de derechos humanos Digna Ochoa y las mujeres asesinadas de Ciudad Juárez.
Durante la presente ronda de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la delegación oficial mexicana, en medio de dos audiencias descritas como tensas por algunos de los asistentes, se comprometió a subsanar los daños en ambos casos.
Durante la cuarta reunión de seguimiento sobre el confuso número de mujeres asesinadas y desaparecidas en Ciudad Juárez y la ciudad de Chihuahua, la subscretaria para temas globales de la cancillería mexicana, Patricia Olamendi, reconoció que «hubo fallas en la recolección de las evidencias en la escena del crimen».
Ahora se trabaja de manera conjunta con el grupo de expertos de las Naciones Unidas, agregó: «En ese momento la procuraduría no contaba con todo el equipo pericial con que ahora ya cuenta», sostuvo la jurista, y el procurador de Justicia de Chihuahua, Jesús José Silva Solís, sostuvo que «la falta de profesionalismo es cosa del pasado.»
Sin embargo, el procurador de Justicia –que ha acusado a las organizaciones no gubernamentales y familias de las víctimas en Ciudad Juárez por malversación de fondos—no descarta que los crímenes sigan ocurriendo.
«Dado que no hay una varita mágica, es muy difícil decir que no ocurrirán más», dijo al ejemplificar que en Estados Unidos los alumnos matan a los maestros y nadie los ha podido parar.
El procurador de Chihuahua fue duramente cuestionado por la prensa local debido a la mala impresión que una delegación de congresistas, encabezada por la legisladora latina Hilda Solís, se llevó de Ciudad Juárez, donde la semana pasada se entrevistó con funcionarios y familiares.
Respondió que los recursos nunca son suficientes e informó de un recorte de 70 por ciento para este año en ese rubro. A pesar de ello, abundó más adelante, Ciudad Juárez cuenta con tecnología de punta para la investigación de los crímenes.
En el informe presentado esta mañana ante la instancia de la OEA y signado por el procurador se enlistan, entre otras acciones, la presentación de informes bimestrales, la designación del vocero Manuel Esparza para la Fiscalía Especial, un programa de denuncia anónima y un futuro programa para desapariciones de alto riesgo.
Asimismo se menciona brevemente el papel del Instituto Chihuahuense de la Mujer para determinar el número y causas de los asesinatos, un aumento en las penas por asesinato de mujeres en la entidad y la asesoría de Robert Kessler –criminólogo—y Frank Bender –reconstructor facial mediante el uso de cráneos.
De acuerdo a este informe oficial, de 236 muertes de mujeres se habrían resuelto 169. En tanto que entre cuatro mil 644 informes de desapariciones sólo se investigan 45, dado que cuatro mil 599 se consideran resueltos.
En cuanto a la defensora de derechos humanos Digna Ochoa, la familia de la abogada veracruzana y los representantes del gobierno de México concordaron en resarcir su nombre en el futuro próximo.
Tanto los familiares como los integrantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos esperan que el caso siga abierto.
La fiscal Margarita Guerra insistió en que las investigaciones tenían errores de origen para el caso de la abogada que fue hallada muerta en su despacho exactamente hace dos años, el 19 de octubre del 2001, aunque ratificó su dictamen sobre suicidio en entrevista con cimacnoticias.
MR/ 2003/GMT
