Ante el grave problema del aborto y los embarazos no deseados, esta semana hubo consenso entre sociedad civil, funcionarios de gobierno, médicos, parlamentarios y académicas y académicos de 19 países al reunirse en Quito, Ecuador, durante la primera Conferencia Latinoamericana y del Caribe sobre anticoncepción de emergencia, para impulsar este método a fin de contribuir a mejorar la salud de la población femenina.
Durante los tres días de trabajo (del 16 al 18 de octubre) en la Conferencia, en la que participaron también organizaciones y financiadoras internacionales, se reconoció que tanto los embarazos no deseados como el aborto son un problema de salud pública que puede disminuir significativamente con el uso de la anticoncepción de emergencia (AE).
Según sus estimaciones, cada año América latina registra cuatro millones de abortos inducidos y 600 mil muertes debido a esta causa. Se calcula además que el 15 por ciento de las mujeres de la región serán madre antes de los 20 años y todas las caribeñas se reproducirán antes de esa edad.
Así, América latina es hoy por hoy la región del mundo con el mayor índice de embarazos no deseados en adolescentes; en tanto el aborto inseguro es una de las principales causas de mortalidad materna en la región. En México se sitúa como la tercera causa de muerte materna.
Los diversos grupos interdisciplinarios y plurales representados en esta reunión plantearon la necesidad de impulsar la anticoncepción de emergencia para que se incluya en las normas de salud de los países latinoamericanos y caribeños.
Más aún, la Red por la Salud de las Mujeres de América latina y el Caribe (RSMALC) propuso su incorporación al derecho internacional humanitario, al destacar su importancia en el caso de las mujeres violadas; en especial en situación de guerra.
Asimismo fue momento oportuno para recordar que en México también hay violadas en las zonas militares y de conflicto, como en Chiapas, a quienes sistemáticamente se le niega la anticoncepción de emergencia.
Las bondades de este método tan satanizado por los grupos conservadores es que permite evitar la fecundación en un plazo de hasta 72 horas después del coito.
De acuerdo con un estudio presentado en Quito por la International Planned Parenthood Federation (IPPF), sólo 12 países de la región incluyen la AE en sus normas de planificación familiar. En México las organizaciones no gubernamentales desde hace años impulsan esta iniciativa.
En Quito se reconoció también que la negativa de incluirlo en la normatividad sanitaria en los países del área obedece a la ignorancia y los intereses de los grupos conservadores muy localizados.
Sin embargo, hubo consenso en la necesidad de que este método de emergencia esté disponible en cualquier farmacia y sea responsabilidad del Estado ofrecerlo a las mujeres en casos de violación sexual, «por tratarse de un asunto de derechos humanos».
En esta primera reunión de anticoncepción de emergencia estuvo la abogada Luisa Cabal, del Centro Legal para Derechos Reproductivos y Políticas Públicas (CRLP), de Nueva York.
Cabal sostuvo que actualmente hay legislaciones nacionales e internacionales que protegen y aseguran el derecho a exigir que los gobiernos de América latina y otros del mundo ofrezcan y aseguren la AE para las mujeres que la demanden.
* Con información de Sara Lovera
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