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Reconocen aplicación de Protocolo de Estambul a favor de DH

Por Lourdes Godínez Leal

Para la Comisionada para Prevenir y Erradicar la violencia en Ciudad Juárez, Guadalupe Morfín Otero, la liberación de Miguel David Meza Argueta, acusado de asesinar a su prima Neyra Azucena Cervantes, es un paso muy importante en el acceso a la justicia en Chihuahua y un logro para las organizaciones defensoras de derechos humanos que siguieron el caso.

Cabe recordar que Neyra Azucena Campos tenía 19 años y era originaria de Chihuahua. Ella desapareció el 13 de mayo de 2003 al salir de la escuela de computación Ecco, punto de desaparición de muchas jóvenes.

David Meza fue acusado entonces de violar y asesinar a su prima, aunque existían pruebas que éste se encontraba en Chiapas con su familia cuando ocurrieron los hechos y de que había acudido a Chihuahua luego de enterarse él y su familia de la desaparición de Neyra.

Sin embargo, de nada sirvieron las pruebas toda vez que se convirtió en un chivo expiatorio más de la justicia estatal y fue aprehendido el 14 de julio de 2003, tras la aparición del supuesto cadáver de Neyra.

Guadalupe Morfín informó en entrevista, que a través del Protocolo de Estambul, que fue aplicado en el caso de Meza Argueta, se pudo confirmar que sí hubo tortura física y sicológica, misma que fue constatada por el ombudsman estatal Leopoldo Baeza, quien además, había hecho ya una recomendación sobre el caso.

La comisionada, comentó que el patrón de tortura fue una constante durante la administración estatal de Chihuahua encabezada por el entonces gobernador, Patricio Martínez, situación que dijo, se ha venido superando.

Sin embargo, apuntó que aún hay dos pendientes en el caso de Meza Argueta, que tienen que ver con una investigación a fondo para conocer a los responsables del crimen y la sanción a quienes torturaron a David.

Morfín Otero resaltó la disposición de la procuradora de Justicia de Chihuahua, Patricia González, quien ha sido muy accesible y sensible al tema del feminicidio así como del equipo argentino de antropología forense y de todas las esferas de gobierno, quienes desde la Secretaría de Gobernación, la CMDPDH y la organización civil Justicia para Nuestras Hijas, lograron que estos expertos argentinos participaran en la identificación de las osamentas.

En tanto, para Mario Solórzano Betancourt, director jurídico de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), tras la liberación es necesaria la reparación moral y económica de David y su familia.

En entrevista, Solórzano Betancourt, quien llevó el caso de Meza Argueta, se congratuló por la liberación de éste ya que dijo, “es una muestra de la voluntad del poder judicial de Chihuahua de atender las recomendaciones de derechos humanos”.

David Meza tuvo que esperar tres años para obtener su libertad luego de que bajo tortura, confesó haber asesinado a Neyra, situación que se dio durante el gobierno de Patricio Martínez, caracterizado durante su gestión por minimizar los feminicidios en la entidad y descalificar el trabajo de las organizaciones civiles.

Tres años después obtiene su libertad a lo que Solórzano Betancourt añade: “finalmente todos los esfuerzos de las organizaciones no gubernamentales nacionales e internacionales valieron la pena”.

Finalmente, Solórzano Betancourt señaló que con la liberación de Meza Argueta, “se subsanan las fallas de otros gobiernos en la entidad chihuahuense, aunque en este caso, todavía faltan mayores esfuerzos para reajustar la investigación y hallar a los verdaderos culpables”, enfatizó.

Para Luz Estela Castro, coordinadora del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres y abogada de Patricia Cervantes, madre de Neyra Azucena, el Estado mexicano tiene que reconocer que hubo negligencia y que si ésta no hubiera existido, se habrían impedido muchas muertes de mujeres.

Aunque se dijo feliz por la liberación de Meza Argueta, luego de lo que calificó como un proceso largo e injusto que además ahora tendrá que enfrentar el estigma de “asesino de su prima”, precisó que se tendrá que exigir a la Procuraduría Estatal una investigación a fondo.

06/LG/LR

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