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Reconocen deficiencias penales contra delito de ESCI

A excepción del Código Penal del Estado de Michoacán, las legislaciones del país violan los derechos humanos, discriminan a la niñez y fomentan la impunidad con relación al delito de Explotación Sexual Comercial Infantil (ESCI), afirmó el experto de UNICEF, Miguel Ontiveros.

Al participar en el IV foro Regional sobre Explotación Sexual Comercial Infantil (ESCI), Ontiveros destacó la urgencia de armonizar los códigos penales del país, incluyendo el federal, para sancionar de manera uniforme el delito, que hasta el momento omiten las legislaciones tanto nacional, como estatales.

El experto de UNICEF criticó algunos códigos penales del país, principalmente de el del Estado de Nuevo León, el cual dijo no considera los delitos de turismo sexual, ni trata de personas, ni pornografía por internet.

Peor aún, agregó, en pleno siglo 21, el Estado de Nuevo León incluye en su código penal los principios de “atentados a la moral pública” y “las buenas costumbres”, que nada tienen que hacer en una legislación de esta naturaleza pues atentan contra la dignidad de las personas y contra el libre desarrollo de la personalidad.

Dijo que estas valoraciones ocasionan que los jueces sancionen a las víctimas, principalmente a las mujeres cuando “ya no son vírgenes”, por carecer de “moral pública”.

Fue tajante al señalar que todos los Códigos Penales del país, incluyendo el federal, “están mal” ya que permiten por omisión el delito de explotación sexual comercial infantil, violando los derechos humanos de las víctimas, fomentando mayor discriminación y generando más impunidad.

Dijo que sólo el Estado de Michoacán ha incorporado en su Código Penal el delito de explotación sexual comercial infantil y la trata de personas, al hacer las modificaciones a mediados de este año.

Ontiveros enfatizó que la experiencia en Michoacán deberá servir de ejemplo para otras entidades, y mencionó que actualmente se trabaja con el Código Federal y en los estados de Jalisco, Guerrero, Baja California, Chihuahua, y están próximos a iniciar con Oaxaca, con la finalidad de hacer efectivas las reformas que permitan estipular como delito el comercio sexual en el cual se estima son víctimas alrededor de 16 mil niñas, niños y adolescentes del país.

A su vez, José Peñaloza, director general de Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad de la Procuraduría General de la República (PGR), reconoció que las instituciones del gobierno mexicano no están adaptadas para enfrentar ese problema,

Ante representantes de los estados de Coahuila, Chihuahua, Tamaulipas, Durango, Nayarit, Zacatecas, San Luis Potosí y Nuevo León, el funcionario federal dijo que la reforma del Estado mexicano implica también aceptar que el tema debe ser colocado como una prioridad en la agenda pública, sin embargo ninguna de las plataformas políticas consignó este asunto.

Insistió en que hacer invisibles a las niñas, los niños y adolescentes en las políticas públicas, es una forma de aceptar la violencia que se ejerce cuando son víctimas de explotación sexual.

Para el director de Protección a la Infancia del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), Francisco Ramírez Martínez, “no podemos enorgullecernos de la función pública mientras en la calle existan personas que abusan de las niñas y niños”.

Reconoció que México está muy lejos de resolver el problema y consideró que un buen inicio sería unificar los Códigos Penales de los estados, para sancionar ese delito.

La representante de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), Igone Guerra, dijo que la explotación sexual infantil es un problema multicausal, que sin duda requiere acciones coordinadas dentro de una política pública, sin embargo dijo que esto tiene que ver más con una cultura androcéntrica enraizada que habría que erradicar para dar respuestas más efectivas.

06/JMN/LR

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