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Reconocen derechos de mujeres reformas en materia de aborto

Por Lourdes Godínez Leal

Existen elementos suficientes para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se pronuncie por la constitucionalidad de las reformas aprobadas a la Ley de Salud y al Código Penal para el Distrito Federal en materia de aborto, aseguró el abogadoPedro Morales Aché.

En entrevista, Morales Aché, quien recientemente logró amparar ante la SCJN a 11 militares dados de baja por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) por ser seropositivos, explicó que las reformas tienen un sustento constitucional que forma parte del reconocimiento irrestricto a los derechos fundamentales de las mujeres y está apegado a la Constitución Mexicana.

El experto en la defensa de temas de salud sexual y reproductiva, subrayó que el hecho de que el ministro Salvador Aguirre Anguiano –quien se pronunció contra la llamada “Ley Robles” en 2002– sea el ponente y realice el proyecto de resolución, no significa que él tendrá la última palabra.

“Esto lo faculta para hacer el proyecto de sentencia, pero no veo ninguna relación entre una cosa y otra”, aclaró.

Pedro Morales Aché advirtió que no existe “un razonamiento serio” que sustente los argumentos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) con relación a que el órgano legislativo del Distrito Federal (ALDF) invadió competencias –la federal–, ya que la definición del Código Penal del Distrito Federal sobre el embarazo la faculta para legislar en la materia.

“No hay ninguna disposición en la Ley General de Salud que prohíba la prestación de servicios médicos en este tipo de casos”.

Sobre el segundo recurso de inconstitucionalidad presentado por la Procuraduría General de la República (PGR), Morales Aché dijo que esta instancia “no tiene ninguna posibilidad” real de presión sobre la Corte ya que ésta última es autónoma.

(Pero) el asunto de fondo no es el aborto solamente sino los tratados internacionales, ya que para Aché la Corte tendrá que analizar aquellos que reconocen los derechos de las mujeres.

Cuando la SCJN emita un fallo, Morales Aché enfatizó que “sería deseable” que la Corte antes de decidir convocara a un grupo de expertas y expertos sobre el tema porque hay muchas cosas de carácter científico.

Finalmente, Pedro Morales explicó que ahora tanto la ALDF y el Gobierno del DF, deberán rendir un informe en el que señalen que expongan sus argumentos, para lo que cuentan con 15 días hábiles a partir de la notificación de la SCJN.

Para el especialista, dada la carga de trabajo de la SCJN y observando que en este primer semestre atendió únicamente tres asuntos –tratados internacionales, militares y VIH/SIDA y la Ley Televisa– podría ser en un año o año y medio, cuando el máximo tribunal del país emita un fallo.

“LEY ROBLES”

Esta es la segunda vez, en menos de diez años, que se presenta un recurso de inconstitucionalidad contra reformas aprobadas al Código Penal del Distrito Federal en materia de aborto, hace cinco años lo hicieron legisladores panistas y del Verde Ecologista contra la llamada “Ley Robles”.

Esta será también, la segunda ocasión en que la Suprema Corte de Justicia de la Nación tenga en sus manos determinar si son constitucionales o no las reformas planteadas a la Ley de Salud y al Código Penal para el Distrito Federal que despenalizan el aborto para las mujeres del DF.

Cuando se discutió la llamada “Ley Robles”, la cual fue producto de una campaña en pro de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres en el DF, que amplió las causales de aborto no punible por motivos eugenésicos y reglamentó en el Código Penal y de Procedimientos el derecho legal de las mujeres a practicarse un aborto producto de una violación, se argumentó como ahora que dichas reformas violentaban la Carta Magna.

Tras la aceptación de la SCJN de revisar el recurso de inconstitucionalidad presentado por los legisladores panistas y del Verde Ecologista, transcurrió un año cuatro meses para que finalmente la Corte se pronunciara a favor de la constitucionalidad de dichas reformas que entonces fueron revisadas por la ministra Olga Sánchez Cordero.

07/LGL/CV

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