Recortan 7 meses gestión de fiscal guatemalteca Claudia Paz

En una presunta represalia del propio sistema judicial guatemalteco contra Claudia Paz y Paz –primera fiscal del país centroamericano en llevar a juicio al ex dictador Efraín Ríos Montt por delitos de lesa humanidad–, la Corte de Constitucionalidad (CC) decidió restar siete meses a la gestión de la Fiscal General, quien tendrá que concluir funciones este mes de mayo y no en diciembre próximo como estaba previsto.    
 
El fallo de la CC –al conceder un amparo al abogado Ricardo Sagastume– desató una ola de protestas de defensoras de Derechos Humanos (DH) locales e internacionales, quienes acusaron que la acción del tribunal “desnuda la estructura discriminatoria y de impunidad” contra la que Paz y Paz y su equipo han luchado.
 
El pasado 5 de febrero la CC (máxima autoridad judicial en Guatemala) concedió un amparo a Sagastume –también empresario industrial y en su momento aspirante a la candidatura presidencial por el derechista Frente de Convergencia Nacional–, por lo que la fiscal tendrá que dejar el cargo el próximo 17 de mayo.
 
En diciembre de 2010 Claudia Paz y Paz se convirtió en la primera mujer en estar al frente de la Fiscalía General, por lo que –de acuerdo con la legislación guatemalteca– su labor de cuatro años debería concluir en diciembre de 2014.  
 
LA HISTORIA
 
A fines de 2009 el Congreso de Guatemala lanzó una convocatoria para definir quién quedaría a cargo de la Fiscalía General a partir de mayo de 2010. En el proceso resultó electo Conrado Reyes, quien nunca asumió porque fue destituido por el propio Congreso.
 
En consecuencia, en enero de 2010 se emitió una segunda convocatoria a la que se postuló Paz y Paz, pero no se cambió la fecha para la asunción del cargo (mayo de 2010).
 
Tal argumento fue utilizado por Ricardo Sagastume –quien aseguró que presentó el amparo “en su calidad de ciudadano”– para acortar el periodo de la fiscal, quien entró en funciones en diciembre de 2010 y no en mayo, es decir siete meses después de lo estipulado en la primera convocatoria al puesto.
 
RECLAMOS
 
En una carta pública, la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos manifestó su total respaldo y admiración a Paz y Paz al considerar que con su labor como fiscal Guatemala avanzó en la construcción de un país más justo para las mujeres.
 
Asimismo destacó que al impulsar el juicio contra Ríos Montt, la también doctora en Derecho “demostró que mujeres y hombres víctimas de desaparición forzada, tortura y delitos de lesa humanidad pueden obtener justicia”, lo que además representa un ejemplo para el país y el mundo entero.
 
Con ello –a decir de las 360 defensoras que signan la carta– Claudia Paz y Paz dio “luz de esperanza” a las víctimas de violencia sexual durante el conflicto armado, así como para las mujeres que actualmente son víctimas del mismo flagelo.
 
Recordaron además que la fiscal arrancó un proceso de reformas en materia judicial a favor de las mujeres víctimas de violencia, e impulsó el acceso a la justicia para la población indígena.
 
Por separado, la organización internacional Human Rights Watch (HRW) envió una carta al presidente guatemalteco, Otto Pérez Molina, para acusar que la CC dispuso “sin ningún fundamento que el mandato caducaría”, con lo que se “menoscaba gravemente” la credibilidad del sistema judicial en la nación centroamericana.
 
HRW exhortó al mandatario a garantizar que en los procesos de postulación para elegir a un nuevo fiscal se asegure que las o los candidatos sean personas que gocen de independencia y credibilidad ante la justicia, a fin de que no haya retrocesos en todo lo que ha avanzado el sistema judicial.
 
En tanto, Claudia Paz y Paz declaró a la prensa local que analiza la posibilidad de postularse para ser reelecta al cargo.
 
En mayo de 2013 el Tribunal A de Mayor Riesgo condenó al ex dictador guatemalteco a 80 años de prisión por genocidio y delitos contra la humanidad por el exterminio de la etnia ixil, pero el veredicto fue anulado por el máximo tribunal, por lo que el proceso regresó al 23 noviembre de 2011. Hasta ahora Ríos Montt sigue impune y las víctimas, muchas de ellas mujeres, aguardan justicia. 
 
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