Las instituciones guatemaltecas son empleadas para garantizar la impunidad, asegura el informe sobre la situación de los derechos humanos y hechos de violencia ocurridos en julio de 2006 por el Grupo de Apoyo Mutuo (GAM), que asegura Guatemala padece una crisis de institucionalidad.
La violencia se ha recrudecido a pesar del proceso de reconstrucción de la institucionalidad del país y de la firma de los Acuerdos de Paz, afirma el texto.
Especifica que, a contracorriente de estos hechos, el aparato de la guerra sucia no ha sido desmantelado y la manipulación de las instituciones propicia la perpetuación de la impunidad.
Existen abundantes pruebas de que cuerpos ilegales siguen utilizando el mismo modus operando de las temidas fuerzas que sembraron el terror en los años de la represión, y abunda que según los informes periodísticos hay evidencia de la participación de las fuerzas de seguridad oficiales en casos de limpieza social, entendida ésta como el intento de combatir el crimen con métodos violentos, añade.
Cita dos casos. El amparo emitido por la Corte de Constitucionalidad (CC) para evitar que Efraín Ríos Mont declarara por el cargo de genocidio ante un juez de la Audiencia Española, y la resolución de sobreseimiento en favor del militar Marco Antonio Sánchez Samoaya, en prisión por la desaparición forzada de cinco vecinos de la aldea El Jute.
CONTRA EL DERECHO A LA VIDA y LA INTEGRIDAD
El informe detalla que sólo durante julio pasado hubo en Guatemala 316 violaciones contra el derecho a la vida, en comparación con 398 casos acaecidos en enero cuando se registró la cifra más alta de actos de violencia oficial contra hombres, mujeres, niñas y niños. Estos delitos incluyen muertes violentas, ejecuciones extrajudiciales, limpieza social, muertes por masacre y linchamiento.
Documenta violaciones contra la integridad ejercidas principalmente contra activistas sociales y periodistas. Entre los delitos que incluye esta tipificación se cuentan los secuestros e intentos de secuestros, y los desalojos en el campo, principalmente, donde se niega el derecho a la tierra. En julio de este año ocurrieron 15 delitos de este tipo.
Finalmente, se consignan las violaciones a la integridad con participación de turbas sociales, entre las que se encuentran los intentos de linchamiento propiciados por el vacío de poder de las instituciones encargadas de la seguridad y la justicia. Hubo nueve delitos de este tipo durante julio.
Entre los casos más destacados está el de un par de jóvenes cuyos cuerpos fueron hallados con las manos atadas con cinta adhesiva, así como con disparos en el rostro, la cabeza y la base del cráneo, y el de una turba que linchó a un joven de 24 años acusado de haber asaltado y secuestrado a un pastor evangélico.
Los datos del Informe del GAM proceden de información proporcionada por los medios de comunicación y las organizaciones de derechos humanos guatemaltecos.
06/YT/LR/CV
