Instalaciones asaltadas, documentos y mobiliario hurtado, puertas de altruismo cerradas y campañas públicas de desprestigio, fue el resultado de un intenso proceso de presión y hostigamiento en contra de la organización de la sociedad civil (OSC) Refugio «Mi ángel», que durante tres años albergó a casi 40 familias que huían de la violencia familiar en Hidalgo.
En diciembre de 2005, tras varios meses de embestida por parte de representantes del gobierno estatal, el refugio cerró sus puertas y hoy, a un año de los hechos, Olivia Orozco y Julieta Hernández, impulsoras del proyecto, relatan las constantes agresiones de las que fueron objeto, y que ocasionaron el fin de este proyecto en favor de las mujeres.
En su momento, la Red Nacional de Refugios pidió por escrito una audiencia con el gobernador del estado para aclarar la situación, pero su solicitud nunca fue contestada.
Dicen las licenciadas Orozco y Hernández que el hostigamiento a El Ángel coincide con la decisión del gobierno hidalguense de impulsar un refugio oficial, luego de que la Federación anunció mayores recursos a los albergues de mujeres violentadas en los estados de la República.
Es entonces cuando el gobierno de Hidalgo emprende también una fuerte campaña para deshacerse del único albergue de este tipo que ya existía en el estado y que era dirigido por una asociación civil, para así cancelar la competencia por los financiamientos.
SIN APOYO ESTATAL
«Mi ángel» surgió como asociación civil en el año 2002, por iniciativa de Olivia Orozco, y contó con el apoyo de la que hoy es la Red Nacional de Refugios y de varios grupos de la sociedad civil hidalguense, pero no del gobierno del Estado.
Aun antes de abrir el refugio, equipado con donativos de grupos altruistas como el Club Rotario, los empresarios lecheros de Tizayuca, los fondos federales, el banco de alimentos y la presidencia municipal de Zapotlán (que les cedió un inmueble en comodato), llegó la primera familia a refugiarse. Inmediatamente le siguieron otras, aunque el refugio no estaba completamente acondicionado, como resultado de la demanda y del trabajo de las brigadas informativas en barrios, colonias y municipios. El proceso de adaptación mobiliaria tuvo entonces que acelerarse.
Con Olivia Orozco en la presidencia de la asociación y Julieta Hernández en la parte legal, el refugio «Mi ángel» funcionó durante tres años con apoyo psicológico, emocional, educativo y de capacitación para el trabajo con las casi cuarenta familias que albergó en diferentes momentos.
La presidenta del refugio intentó en varias ocasiones conseguir financiamiento estatal y se entrevistó con integrantes de los tres poderes. Pero, a pesar de manifestar interés y admiración por el proyecto, no asignaron apoyo alguno, salvo los servicios de salud en alguna ocasión.
EMBESTIDA OFICIAL
Julieta Hernández recuerda: «cuando la Federación anunció mayores recursos para estos refugios, las autoridades estatales dijeron «ahora sí» y convocaron a varias asociaciones civiles leales a las autoridades para que se elaborara un proyecto».
Detectamos las primeras señales de tormenta cuando la presidencia municipal que nos había apoyado comenzó a condicionar la ayuda bajo argumentos absurdos, dicen.
Al principio creíamos, recuerda Orozco, que el anuncio oficial significaría apoyo estatal para nuestro proyecto, pero la realidad fue otra: «desde las primeras juntas con el supuesto comité ciudadano que habían integrado, todo fue agresión tras agresión hacia nosotras, sobre todo de parte de Rebeca Aladro, magistrada del Tribunal Superior de Justicia del Estado.
El gobierno estatal integró un grupo ciudadano para «encontrar las condiciones adecuadas» en El Ángel, pero lo que hicieron fue observar hasta en los detalles más pequeños el lugar y su administración, con el fin evidente de encontrar algo turbio.
Invitamos al comité a las instalaciones y, desde esa primera visita, dice Julieta Hernández, «ya no nos cupo la menor duda de que su intención era aniquilarnos».
«Mi ángel» acababa de recibir recursos federales por un proyecto presentado y con ese dinero se pintaron las paredes del refugio y cambiaron las viejas sábanas, justo antes de la visita del comité gubernamental.
«Y como no encontraron nada turbio, señaló Olivia Orozco, lo más que lograron decir es que cómo era posible que en ese lugar donde todo olía a nuevo hubiera carencias». Concluyeron que en esa casa no vivía nadie y que nosotras estábamos malversando fondos».
A partir de entonces, los apoyos cesaron y algunos funcionarios argumentaron «órdenes de arriba», también algunos donantes locales cancelaron sus aportaciones y de repente salió una nota periodística, sin ningún sustento, que nos señalaba como prófugas por fraude.
Pedimos la documentación al periódico, pero no pudieron enseñarnos nada. Aún así, «de esa nota se valieron las estatales para decir que no nos darían nada porque había malversación».
Días después, el gobierno estatal anunció la creación de su refugio para mujeres violentadas. Y crearon una OSC, integrada por las mujeres que habían determinado la inoperabilidad de Mi ángel, porque sólo así podían acceder a los recursos.
Aún así, Orozco, Hernández y su equipo de trabajo decidieron que continuarían con su refugio. Sin embargo, por esos días sufrieron un robo en las instalaciones del albergue. Todos sus muebles, sus pertenencias personales y su documentación desaparecieron sin que hasta ahora se haya dado con los culpables.
De esta manera, en diciembre de 2005 el refugio «Mi ángel» cerró sus puertas.
EL GOBERNADOR, SIN RESPUESTA
Olivia Orozco Y Julieta Hernández concluyen que la presión contra el refugio se hizo para eliminar la competencia por los recursos federales. «No veo otra explicación, porque no hacíamos mal a nadie, al contrario, ayudábamos al gobierno a hacer su trabajo, señaló Hernández. «Las autoridades actuaron de muy mala fe, porque nada de malo tenía que hubiera dos refugios, al contrario».
«Sostener un refugio para mujeres violentadas ?finaliza Hernández- requiere de toda tu pasión y convicción, porque lo haces sin recursos y tienes que estar ahí de tiempo completo. En la época más dura del boicot en nuestra contra, llegamos a llevar a las familias a nuestras casas».
Ante lo sucedido, la Red Nacional de Refugios solicitó por escrito una audiencia con el gobernador para que les explicara la situación, pero el gobierno estatal nunca contestó.
Por su parte, Margarita Guillé, directora de la Red Nacional de Refugios, afirma a Cimacnoticias: «Espero que entiendas mi posición. Lo único que puedo decirte es que de ambos refugios yo tengo un muy buen concepto».
Quienes padecen más por el cierre del refugio, sintetiza Olivia Orozco, son las señoras violentadas, sus hijas e hijos. «Les quitaron la oportunidad de romper con los círculos de violencia, cortaron el apoyo solidario de quienes trabajaban sin pedir nada a cambio. Aún hoy, un año después de que cerramos, me cuesta aceptar esta impunidad.
07/TM/GG
