Las organizaciones Chilenas Corporación La Morada y el Centro de Desarrollo de la Mujer Domos, iniciaron una serie de seminarios orientados a generar una red de mujeres que trabaje a favor del funcionamiento de la Corte Penal Internacional (CPI), y la adecuación de leyes que apoyen la consolidación de la justicia de género.
En el marco del segundo seminario realizado este mes en Chile, parlamentarias del Cono Sur destacaron la necesidad de fortalecer los procesos de ratificación e implementación del Estatuto de Roma (1998) por el que se crea la CPI.
La CPI es la instancia jurisdiccional competente para investigar y juzgar a personas que hayan cometido crímenes de guerra, de lesa humanidad y genocidio, cuando los países involucrados no quieran o no puedan hacerlo.
En un artículo publicado en el suplemento La República de las Mujeres, se dio a conocer que el estatuto entró en vigor el 1 de julio de 2002, luego de la ratificación de más de 60 estados la mayoría de América Latina y el Caribe, a excepción de Chile.
De 18 jueces designados, siete son mujeres y el primer fiscal es el abogado Luis Moreno Ocampo, quien asistió al segundo seminario en Chile como invitado especial.
Al seminario para parlamentarias, patrocinado por Acción Global Parlamentaria (PGA) y Human Rights Watch (HRW), asistieron también legisladoras de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay.
De Chile, solo asistió la diputada Isabel Allende, que tuvo a su cargo la apertura de la primera parte del foro dirigida preferentemente a integrantes del Parlamento y autoridades del Estado chileno.
La segunda parte del seminario se dedicó a un trabajo técnico-jurídico que conjugó doctrina y estudio de las normas contenidas en el Estatuto de Roma.
En él confluyen aportes del Derecho Humanitario Internacional, jurídicamente expresado en los Convenios de Ginebra (1949) y sus Protocolos Adicionales (1977), y del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, particularmente contenido en La Convención contra todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (1979).
Así como la Convención para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (1994) y en las Plataformas de Acción de las conferencias Internacionales de Derechos Humanos de Viena (1993) y de la Mujer de Pekín (1995), entre otros.
Los principales logros del Estatuto de Roma, obtenidos hasta ahora por el trabajo de organizaciones de mujeres en todo el mundo son; la criminalización a nivel internacional de la violencia sexual y de género.
La incorporación de normas de procedimiento y prueba en relación a victimas y testigos, la protección –inclusive de seguridad física y bienestar psicológico, dignidad y privacidad– y participación asistida de víctimas y testigos durante todo el proceso, la incorporación de una definición de género y del principio de no discriminación por esa razón, así como el acceso de las mujeres a los espacios de poder de la CPI y a su equipo.
Violación, esclavitud sexual, prostitución forzada, embarazo forzado, esterilización forzada y otros abusos sexuales de gravedad comparable quedan incluidos entre los crímenes de lesa humanidad, y la CPI es competente para perseguirlos, siempre que se trate de actos sistemáticos o generalizados, se precisó en el foro.
Se destacó que para los crímenes de violencia sexual no se requiere la corroboración del testimonio de la víctima, se rechaza que el consentimiento de ésta sea utilizado como argumento de la defensa, y se prohibe presentar cualquier prueba sobre la conducta sexual anterior o posterior de la mujer.
Una función fundamental de la CPI es atender a la reparación a las victimas, que prevé la rehabilitación, restitución, indemnización, satisfacción y garantía de no petición.
El próximo seminario organizado por Domos y La Morada estará destinado a mujeres integrantes de los poderes judiciales de los países del Cono Sur. Previamente, se llevó a cabo un seminario dirigido a organizaciones no gubernamentales.
2004/LR
