La reforma laboral que recién presentó el Partido Acción Nacional (PAN) en la Cámara de Diputados, establece las mismas modificaciones a la Ley Federal del Trabajo (LFT), que planteó desde hace más de 20 años.
Dichos cambios apuntan a la flexibilización laboral, la cual deteriora las condiciones laborales de 44.5 millones de trabajadoras y trabajadores, de los que las mujeres representan el 37.9 por ciento de la población económicamente activa, según especialistas en el tema.
Ambas iniciativas, argumentan que para alcanzar una mayor productividad y modernizar el mercado laboral, es necesario condicionar los derechos laborales, los asensos escalafonarios, y la seguridad en el empleo, a una mayor productividad.
Entre las principales coincidencias está la contratación por horas, la cual es considerada en la actual reforma panista como un beneficio para las mujeres, jóvenes, y estudiantes.
En 1989, el PAN señalaba que la remuneración se realizaría con base en el «trabajo efectivamente realizado, mediante el concepto de salario por hora», menciona el documento elaborado en octubre de ese año por Brigada Femenina, colectivo integrado por mujeres del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME).
Al tiempo, sostenía que las jornadas diarias deberían ampliarse o reducir, según los requerimientos de la empresa.
La actual propuesta panista considera la reducción de jornadas y el tiempo de contratación, con la que se anula laseguridad en el empleo y se reducen las prestaciones sociales, dijo a Cimacnoticias Rosario Ortiz Magallón, integrante de la Red de Mujeres Sindicalistas.
Mientras que la reforma laboral panista de hace 21 años, decía que la contratación debía ser por tiempo determinado, empleos temporales, «sin explicar bajo qué condiciones, ni con que prestaciones», refiere el documento.
Otro de los aspectos, que desde los 80 apuntalaban al deterioro laboral, en beneficio de los patrones, era la consideración de eliminar el «escalafón ciego».
Con esta modificación la promoción de asensos se basaría en la «capacidad y aptitudes» de las y los trabajadores, «quienes produjeran más», cita el documento elaborado en octubre de ese año por Brigada Femenina.
Incorporaba la importancia de la «calidad y productividad» en las relaciones de trabajo. Y en este sentido, indicaba que la capacitación y el desarrollo eran obligatorios para empresa-trabajador, con miras a la «productividad».
Y señalaba que tanto el pago del salario, como el reparto de utilidades debía basarse en ese mismo principio: la productividad de las y los trabajadores.
La iniciativa panista de finales de los 80 refería que era preciso «redimensionar el régimen de las relaciones colectivas de trabajo, hacia la modernidad, productividad y competitividad».
Respecto al sindicalismo, esta propuesta de reforma a la LFT puntualizaba que se aplicarían sanciones a sindicatos, trabajadoras y trabajadores, y empresarios, que incurrieran en demandas improcedentes, movimientos de huelga o paros de labores, contrarios a la ley.
De igual forma, mencionaba que se establecerían «reglas claras para no afectar a la sociedad en caso de emplazamiento a empresas de servicios. Así como, la necesidad de «eliminar las huelgas por solidaridad».
La actual reforma panista establece mayores requerimientos a las organizaciones para que puedan emplazar a huelga. Además, de plantear que el patrón sólo estará obligado a cubrir los salarios caídos de las y los huelguistas durante los primeros seis meses del juicio, mismos que suelen prolongarse hasta 5 ó 7 años, según el abogado laboral, Carlos de Buen.
De acuerdo con el análisis de las «Smeitas» que conformaban la Brigada Femenina, la iniciativa del PAN limitaba el derecho de huelga, y en general, la intervención sindical.
Mientras que debilitaba la negociación colectiva de las y los trabajadores, fortalecía la relación de trabajo individual ampliando la libertad de interacción «entre trabajador y patrón», esta es otra coincidencia con la iniciativa panista de 2010.
A decir de Carlos de Buen, las modificaciones que plantea actual reforma laboral del PAN evidencia la intención de «acabar» con los sindicatos representativos del país.
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