Dilcya García Espinosa de los Monteros, directora de Reformas Legislativas e Institucionales del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia en México (UNICEF), aseguró que reducir la edad penal no contribuye a disminuir los índices delictivos, pues se violaría las garantías de la niñez y vulneraría la vida de las y los adolescentes.
Además, los centros de reclusión no están hechos para ellos, sino para los mayores, opinó durante la presentación del libro Legislación, Políticas Públicas y Situación de los Derechos Humanos de la Infancia en el Distrito Federal, que parte desde la Convención de los Derechos del Niño.
En el texto editado por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) y la Red por los Derechos de la Infancia en México, se reconoce que las estadísticas en el Distrito Federal siguen siendo altas en índices de violencia y abuso hacia los niños, por medio de prácticas crueles, degradantes, incluidas la tortura y el abuso sexual.
Al respecto, Emilio Álvarez Icaza, presidente de la CDHDF, dijo que la pobreza, la violencia intrafamiliar e institucional, (esta última que se da en los Consejos Tutelares), y el maltrato infantil, son situaciones críticas que padece la infancia de la capital; lo mismo sucede con las y los niños en situación de calle; los embarazos en adolescentes, el abuso sexual, la prostitución y tráfico de infantes, los niños migrantes en la ciudad.
Por su parte, Gerardo Sauri Suárez, director ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia en México, planteó la necesidad de crear un sistema de información sobre los derechos de la infancia para que las decisiones de políticas públicas no sean tomadas en la intuición y sí en la realidad.
La Ley –apuntó-, omite la explotación sexual comercial de la infancia, «lo cual es sumamente grave, porque sabemos que la ciudad de México es uno de los centros en la que se producen víctimas de explotación sexual y hay un consumo de todo tipo de productos desde pornografía infantil hasta los propios niños y niñas».
Sauri Suárez dijo que otro tema que se excluye de la Ley es el secuestro, tráfico, adopción ilegal y venta de niños. «En la Ley de los Derechos de la Infancia se carece de normas y disposiciones que permitirían orientar una política pública apropiada para erradicar este problema. Además, se habla que hasta 120 mil niños al año podrían estar siendo víctimas en todo el país de este conflicto», subrayó.
Entre las conclusiones del libro se recomienda promover en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) un paquete de reformas a la Ley de los Derechos de las Niñas y Niños en el Distrito Federal, para hacer realidad los derechos establecidos en ella, que se incluyan otros y atender leyes vinculadas con la administración de justicia para niños en conflicto con la ley, la educación y la salud.
2004/HS/GV/SM
