El anuncio del gobierno guatemalteco para llevar a cabo una reforma agraria, despierta de inmediato las críticas de quienes sólo auguran una segura confrontación.
En lugar de aportar elementos que permitan su viabilidad con miras a responder a la grave crisis en el campo, los opositores a las propuestas de cambio se apresuran a rechazar tal medida, y descartan en su análisis la situación que viven miles de familias campesinas en el país centroamericano, sumidas en la pobreza a causa de pésimas condiciones de empleo, despidos sin prestaciones laborales, falta de opciones de trabajo, y sin expectativas para mejorar cultivos y comercializar productos.
Una reforma agraria o varias reformas agrarias son propuestas añejas de los campesinos, quienes han sido excluidos de los beneficios que obtienen al trabajar la tierra. De tal manera que si ahora la mencionan los presidentes de la República y el Congreso, lo importante es perfilar el enfoque que dicha política nacional tendría con el objeto de encontrar soluciones equitativas que tomen en cuenta las condiciones específicas de mujeres y hombres en el campo.
Resulta parcial calificarla sólo como futuro negocio o mecanismo de manipulación, al tiempo de anteponer las reglas del mercado como panacea, a pesar de que las experiencias en diferentes países muestran que tales condiciones significan sólo ganancias para quienes concentran riqueza. Si bien es válida la preocupación por evitar futuros actos de corrupción gubernamental, esto no puede servir de pretexto para rechazarla tajantemente.
Los cambios que reclama el agro guatemalteco requieren de reformas a las reglas vigentes. El modelo agro exportador de materias primas está agotado, de sobra está argumentar que en lugar de promover el desarrollo rural acentúa la exclusión social.
En tanto, el Fondo de Tierras, único mecanismo de redistribución de la tierra, ha ofrecido un panorama favorable para quienes venden sus propiedades por que nadie los frena para especular con los precios. También es importante tomar en cuenta que esta institución pública carece de créditos para inversión, lo que impide a las familias beneficiarias cumplir con el pago de su deuda.
En lugar de rechazar de entrada una reforma en el agro, sería conveniente que todos los actores sociales progresistas (productivos, académicos, políticos, etc.), aporten elementos para concretar las transformaciones requeridas, y así mejorar la calidad de vida de las y los trabajadores agrarios. Los aportes en la construcción de propuestas son importantes. Este país está inundado de críticas carentes de nuevas opciones.
Alfonso Portillo y Efraín Ríos Montt saben muy bien que las organizaciones campesinas populares tienen propuestas de una reforma agraria como respuesta a la crisis del café. La comunidad internacional, que reconoce las grandes desigualdades en Guatemala originadas por la alta concentración de recursos, también tendría que conocerlas. Aquí algunas líneas sugeridas:
— Adquisición de fincas en proceso de embargo a precio de hipoteca.
— Retribución de fincas a trabajadoras y trabajadores, quienes hayan sido despedidos sin el pago de prestaciones conforme a la ley.
— Confiscación de fincas apropiadas en forma indebida, involucradas en el narcotráfico y otros delitos.
— Democratización de la Asociación Nacional de Cafetaleros (Anacafe), que contemple la toma de decisiones y la obtención de licencias para exportación.
— Conversión de áreas dedicadas a la caficultura hacia las plantaciones forestales de bosques mixtos. — Promoción de programas de cultivos permanentes asociados a la producción de café.
— Construcción de pequeñas y medianas hidroeléctricas a través de empresas municipales o mixtas con capital privado.
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