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Reforma constitucional facilitaría acceso de guatemaltecas a la justicia

Por la Redacción
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Un grupo de expertas y expertos en derechos humanos de las Naciones Unidas instó a las y los diputados de Guatemala a aprovechar la oportunidad histórica que representa la aprobación de la iniciativa  5179 que reformaría la Constitución en materia de justicia, para mejorar el acceso a la justicia para las mujeres y los pueblos indígenas.
 
Asimismo, para fortalecer la independencia e imparcialidad del Poder Judicial mediante la separación de las funciones administrativas y jurisdiccionales de la Corte Suprema de Justicia; despolitizar la selección de funcionarios judiciales; y reconocer constitucionalmente la jurisdicción indígena.
 
Las y los expertos indicaron que la reforma debe asegurar, dentro de las garantías y principios del sistema de administración de justicia, el respeto a la pluriculturalidad e igualdad de género en el acceso al sistema de justicia y a las carreras profesionales, conforme a los estándares internacionales de derechos humanos.
 
“Guatemala tiene la obligación de exponer y eliminar las barreras sociales y culturales subyacentes, incluidos los estereotipos de género, que impiden a las mujeres ejercer y reivindicar sus derechos, y dificultan su acceso a recursos eficaces”, subrayó Alda Facio, actual presidenta del Grupo de Trabajo sobre la cuestión de la discriminación contra la mujer en la legislación y en la práctica.
 
“La discriminación contra las mujeres, basada en los estereotipos de género, el estigma, las normas culturales perjudiciales y patriarcales, y la violencia de género, tiene un impacto negativo en la capacidad de las mujeres de acceder a la justicia en igualdad de condiciones con los hombres”, dijo.
 
Las y los expertos exhortaron al Congreso de la República a preservar el objetivo y espíritu original de la reforma constitucional, y a no menoscabar su integralidad y el carácter participativo e inclusivo del proceso que contó con los aportes de diversos sectores de la población.
 
Asimismo pidieron a las y los legisladores que en las discusiones y aprobación final de la reforma constitucional se dé una respuesta adecuada a las necesidades identificadas para el fortalecimiento efectivo del sistema de justicia”.
 
Recalcaron que cada uno de los temas planteados en la reforma constitucional debe ser aprobado conforme a las obligaciones internacionales que el Estado ha adquirido en materia de derechos humanos y a las recomendaciones de los mecanismos de protección de los derechos humanos.
 
Victoria Tauli-Corpuz, Relatora Especial de la ONU para los derechos de los pueblos indígenas, alentó de manera especial a las y los diputados “a asegurar que la disposición relativa a la jurisdicción indígena no tenga ningún efecto perjudicial sobre los pueblos indígenas.
 
“La resolución que se apruebe debe proteger, en vez de limitar o reducir, los derechos de los pueblos indígenas a mantener y fortalecer su sistema de justicia”, enfatizó la Sra. Tauli-Corpuz.
 
Por su parte, el nuevo el Relator Especial de la ONU sobre la independencia de los magistrados y abogados, Diego García-Sayán, afirmó que “la reforma debe contribuir a garantizar constitucionalmente la carrera profesional y establecer mecanismos de selección de funcionarios del sistema de justicia que eliminen el riesgo de politización y conflicto de intereses”.
 
“Es imprescindible que el modelo de separación de funciones administrativas y jurisdiccionales de la Corte Suprema de Justicia que sea aprobado garantice plenamente la independencia e imparcialidad en el poder judicial”, concluyó García-Sayán.
 
La exhortación de las los expertos a las y los legisladores guatemaltecos cuenta también con el respaldo del Relator Especial de la ONU sobre las formas contemporáneas de racismo, la discriminación racial, la xenofobia y las formas conexas de intolerancia, Mutuma Ruteere.
 
17/RED/GGQ

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