El Centro de Estudios en Seguridad Pública (CESP) presentó hoy una iniciativa ciudadana que será entregada a legisladoras y legisladores federales para reformar el Sistema Nacional de Seguridad Pública, ya que a la fecha, denunció, no ha funcionado de forma adecuada pese al incremento de sus recursos económicos por más de 27 mil millones de pesos anuales.
La propuesta contempla siete puntos, entre los cuales destacan reformar el marco legal del Sistema Nacional de Seguridad Pública que especifique con claridad las obligaciones para los gobiernos federales y locales y desarrollar una política de Estado que no se limite a exhortar un respeto a la legalidad, sino que prevenga el delito, considerando que existen factores sociales que propician la inseguridad.
«De esta forma se propone que en sesiones especiales del Consejo Nacional de Seguridad Pública se revisen las políticas dirigidas a la mejora socioeconómica, el desempleo, la adecuada prestación de los servicios de seguridad, entre otros aspectos», señala el documento.
El CESP rechazó unificar la policía, como se ha propuesto por parte de algunos sectores, ya que considera que con ello «se alejaría el contacto de la policía con la ciudadanía al establecer largas cadenas de mando que tenderían a incrementar la ineficiencia, la falta de supervisión y la vinculación con la sociedad».
Asimismo, proponen la creación de observatorios ciudadanos y centros de control de confianza, tanto en la Federación como en las entidades federativas, que actúen como mecanismos de control y evaluación que vigilen el respeto a la legalidad, eficiencia, profesionalismo, transparencia, honradez y rendición de cuentas.
Otro punto que señala el documento ciudadano es que a los estados de la República que incumplan los acuerdos de dicho Sistema, como la actualización de los registros o no tengan metas definidas en sus programas de seguridad pública, se les sancione económicamente retirándoles los recursos económicos convenidos.
Entre otros, destaca la formación de quienes integran los cuerpos policíacos y señala que éstos deberán aprobar anualmente un examen toxicológico, patrimonial y de control de confianza. De no hacerlo, dicen, causará su baja.
SEGURIDAD PÚBLICA CON DERECHOS HUMANOS: AI
En tanto, Amnistía Internacional (AI) hizo un llamado al Estado mexicano a adoptar las medidas necesarias tendientes al fortalecimiento del sistema de seguridad pública, de conformidad con los estándares internacionales de derechos humanos.
En un comunicado, la organización internacional defensora de los derechos humanos consideró necesario fortalecer el sistema de justicia mexicano como la vía principal para combatir la impunidad y la inseguridad pública.
Destaca que «no ha detectado el pleno compromiso de todos los representantes del Estado mexicano de poner el respeto, protección y cumplimiento de los derechos humanos en el centro de las medidas y objetivos de la iniciativa».
ONG DE DERECHOS HUMANOS, FUERA DE ACUERDO NACIONAL
En tanto, como lo reportó Cimacnoticias (29 agosto 08), organizaciones civiles defensoras de derechos humanos como el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, el Fray Francisco de Vitoria OP, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, entre otras, denunciaron públicamente no haber sido invitados a tomar parte en el Acuerdo nacional por la seguridad.
Y enfatizaron que si bien es válido el uso de manifestaciones y de otras expresiones para exigir seguridad, como los llevados a cabo el fin de semana pasado, también es importante incluir la voz y experiencia de organizaciones defensoras de derechos humanos, al ser este un tema trascendental en la lucha contra la inseguridad.
08/LGL/GG/CV
