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Reforma para menores respetará convenios internacionales

Por Esther de la Rosa

La reforma penal para menores supone la creación de un nuevo sistema integral de justicia para los adolescentes, y la transición de un sistema tutelar a uno garantista y respetuoso con los principios de los tratados internacionales.

De acuerdo con la diputada Angélica de la Peña, presidenta de la Comisión Especial para la Niñez, Adolescencia y Familia, esta reforma del artículo 18 será «trascendental y estructural.»

Al intervenir en el Senado de la República, durante la Conferencia Nacional El Nuevo Modelo de Justicia para Adolescentes en México, la diputada perredista destacó que la reforma es una oportunidad histórica para reconstruir la sociedad a partir del reconocimiento de los derechos fundamentales de la infancia.

Hizo notar que la modificación del 18 constitucional establece un sistema penal aplicable quienes tengan entre 12 y 18 años de edad y solamente se pondrá fincar responsabilidad penal hasta la mayoría de edad.

Actualmente hay 14 estados de la República que han fijado en 16 años la edad mínima para ser procesado, por lo que el modelo nuevo supone homogeneizar criterios en todo el país en cumplimiento a los tratados internacionales firmados y ratificados por México, como la Convención sobre los Derechos de la Niñez, aprobada en 1990 en nuestro país, explicó la legisladora.

Rechazó que se interne en la misma institución a menores que cometen delitos graves y leves, como ocurre actualmente en los consejos tutelares, a los que apeló para que colaboren en la implementación del nuevo sistema.

El carácter de reforma estructural se debe a que se tendrán que crear instituciones y tribunales especializados en la procuración e impartición de la justicia para adolescentes, y los procesos no quedarán en meros actos «administrativos», como a la fecha ocurre.

Entre los principales avances de la reforma, De La Peña destacó la garantía del debido proceso legal; la utilización de internamiento como medida extrema y aplicable sólo a los mayores de 14 años que hayan cometido un delito tipificado como grave.

A los menores de 14 años deberán aplicárseles medidas dirigidas a la rehabilitación y la asistencia social.

A partir del momento en que la reforma se publique en el Diario Oficial de la Federación, en nueve meses deberán crearse las leyes, instituciones y órganos que se requieran para su aplicación en todo el territorio nacional.

Para César Camacho Quiroz, presidente de la Comisión Federalista del Senado, cuando se habla de los derechos de los y las adolescentes «no puede hablarse de posiciones partidarias»:prima el interés superior de las personas menores.

Camacho insistió en que el decreto emanado de la reforma es una ley federal que tendrá como beneficio la celeridad para resolver la situación del adolescente que haya delinquido. Así, en un máximo de 14 días el juez deberá resolver la situación jurídica del menor.

05/EDR/MR/YT

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