La Reforma al Sistema de Justicia Penal, propuesta por el Ejecutivo federal, necesita un enfoque de derechos humanos, porque es un conjunto de disposiciones que implican la restricción de libertades y garantías, coincidieron en señalar organizaciones civiles, académicas y especialistas.
Para el senador de la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Pablo Gómez Álvarez, con dicha reforma se están creando las bases para un Estado policiaco, que no servirá para combatir el crimen organizado, puesto que «a los narcos no les hará ni cosquillas».
Al respecto, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos AC consideró que bajo el pretexto de combatir la delincuencia organizada y fortalecer la seguridad pública, con la reforma se busca exacerbar la actuación de las corporaciones policiacas y el despliegue de militares en tareas para las que no tienen atribución.
Por lo pronto, la minuta de la reforma que el Senado de la República regresó a la Cámara de Diputados, y que quedó pendiente para su aprobación el próximo periodo de sesiones de febrero de 2008, mantiene los arraigos y cateos sin orden de un juez y la incomunicación de detenidos.
En tanto que las modificaciones que se le realizaron sólo matizan los términos en que se darán los allanamientos policíacos sin orden judicial y eliminan la disposición que permitía al Ministerio Público tener acceso directo a documentación fiscal, financiera, fiduciaria, bursátil, electoral y de carácter confidencial en investigaciones sobre delincuencia organizada.
Ante ello, Rosario Ibarra, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, inquirió a sus compañeras y compañeros legisladores acerca de si desean volver a los tiempos en que la policía llegaba a los domicilios tirando puertas, robando y golpeando a los que estaban ahí; sacándolos y llevándolos a cárceles clandestinas o al Campo Militar número Uno para torturarlos.
Sin esperar la respuesta, la senadora las y los conminó a volver sus ojos a Oaxaca, a Atenco y a todos aquellos lugares donde los gobernantes hacen las mismas cosas.
Permitir la entrada de la policía a los domicilios, con el pretexto de una amenaza corporal, es la manera más atroz de abrir la puerta al atropello, ya que ningún ciudadano estará seguro en su hogar, remató la luchadora social Rosario Ibarra.
Organizaciones civiles como Católicas por el Derecho a Decidir, Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE); Sin Fronteras, así como los académicos Miguel Sarre y Miguel Rábago, tras reconocer algunos aciertos del dictamen aprobado por la Cámara de Diputados, destacaron también los aspectos contrarios a derechos humanos, como: la ampliación de las facultades del Ministerio Público y la policía; la constitucionalización del arraigo; la legalización de los allanamientos sin orden judicial; la creación de un régimen especial para investigar y juzgar la delincuencia organizada.
Asimismo, consideraron que la reforma no debe dejar de lado las obligaciones que el Estado mexicano ha contraído al ratificar los instrumentos y tratados que integran el derecho internacional de los derechos humanos. E hicieron un llamado a las y los legisladores del Congreso de la Unión para que encuadren el tema en el marco que le es propio: los derechos humanos, además de que sean tomados en cuenta los estándares internacionales en materia de debido proceso y acceso a la justicia, bajo el principio de igualdad.
La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos indica que la propuesta de construir un doble sistema de justicia penal con facultades especiales para atacar a «los enemigos del Estado» representa «una regresión al modelo autoritario y represivo que ya se creíamos superado».
Ese doble rasero, subraya la asociación civil, pudiera ser empleado en la actualidad no sólo para frenar a los delincuentes comunes sino para atentar contra líderes sociales que encabezan movimientos legítimos como ocurrió en México durante la guerra sucia de los años setenta. Puntualiza que la definición de «delincuencia organizada» está difusa e imprecisa en la iniciativa.
Para los académicos y organizaciones civiles, antes citados, resulta preocupante que se esté configurando un régimen particular para las personas a quienes se impute su pertenencia a la «delincuencia organizada»; puesto que, aclaran, en los términos en que ha sido redactado el dictamen, dichas personas quedarían sustraídas de la protección conferida por las garantías del debido proceso.
Aluden que esa circunstancia, grave por sí misma, es aún más preocupante si se considera que en nuestro país se han documentado casos en los que, por motivos más políticos que jurídicos, falsamente se acusa a personas inocentes de «pertenecer» a la «delincuencia organizada».
De igual forma, califican de contradictorio que en una reforma legislativa que pretende promover el avance hacia un nuevo sistema de justicia, se incluyan normas que legalizan prácticas típicas del modelo de justicia que se pretende superar, como es el arraigo y el allanamiento sin orden judicial.
Es igualmente preocupante, abundan, que el dictamen amplíe mediante diversas disposiciones las facultades del Ministerio Público y la policía, bajo el argumento de que el Estado necesita mayores herramientas para combatir el crimen organizado, toda vez que éste ya cuenta con las herramientas suficientes para realizar sus labores en materia de seguridad y justicia en un marco democrático de respeto a los derechos humanos.
07/MLT/GG/CV
