El pasado 28 de abril en el Senado de la República se aprobó por unanimidad, con 104 votos a favor, reformar la Ley General de Población para despenalizar la migración indocumentada al país y evitar «la criminalización» de las y los inmigrantes.
La medida, ya aprobada en la Cámara de Diputados desde el 4 de septiembre del 2007, garantiza el respeto a las garantías individuales de los miles de centroamericanos que en condiciones sumamente difíciles pasan por territorio mexicano, afirmó en su momento Edmundo Ramírez Martínez, secretario de la Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios.
Las reformas a la Ley General de Población modifican los artículos 118 y 125, y deroga siete (119, 120, 121, 123, 124 y el 127), ya que, se argumenta en la iniciativa, «penalizan con severidad los actos más frecuentemente efectuados en el contexto de la migración indocumentada, lo cual es inadmisible por distanciarse de las exigencias sociales y el respeto a los derechos humanos de los migrantes».
Además, se considera que los artículos que se derogan y los que se modifican «criminalizan la pobreza y la búsqueda de oportunidades, se basan en una política criminal contraria al Derecho penal mínimo y a los principios básicos del derecho penal democrático y se suman a una pluralidad de sanciones previstas para las mismas conductas».
En la actualidad, ingresar a México sin documentos está tipificado como delito en la Ley General de Población (LGP). Su Artículo 123 establece que se impondrá pena de hasta dos años de prisión y multa de 5 mil pesos al extranjero que se interne ilegalmente al país.
Y la pena es de hasta 10 años de prisión al extranjero que, habiendo sido expulsado, se interne nuevamente al territorio nacional sin haber obtenido acuerdo de readmisión o que no exprese u oculte su condición de expulsado.
EVIDENCIAS
De acuerdo con cifras de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), 200 centroamericanas y centroamericanos mueren cada año en el intento por cruzar a México.
Datos del Centro de Recursos Centroamericanos, en El Salvador,
indican que más de 50 mil de sus compatriotas que buscaron llegar a Estados Unidos entre 1997 y 2006 han desaparecido al cruzar.
Según el prestigiado Instituto de Política Migratoria (MPI), 43 por ciento de las mujeres indocumentadas detenidas en México denunciaron que fueron extorsionadas y 26 por ciento acusó haber sufrido violencia sexual o física durante su travesía.
Textualmente, afirma el documento: «Las principales autoridades
que ellas mencionaron fueron policías de caminos estatales, policías municipales y agentes del Instituto Nacional de Migración».
Un caso reciente es el ocurridos en la comunidad de Las palmas, Oaxaca, cuando unos 50 integrantes del 18 Batallón de Infantería de la décima Zona Naval Militar arremetieron violentamente contra unos 200 migrantes que huían del operativo realizado por agentes del Instituto Nacional de Migración (INM).
La CNDH intervino y tanto Secretaría de Marina como el INM iniciaron una averiguación interna de lo ocurrido, debido al trato de criminales que se les dio a las mujeres y hombres que corrían para salvarse de los golpes.
Muchas de las anomalías que se cometen contra las y los inmigrantes tienen su origen en la insuficiente norma legal, concretamente de la LGP, que no puede regular las nuevas realidades migratorias, afirmó la CNDH.
LAS INICIATIVAS
Antes de su aprobación en el Senado, la modificaciones a la LGP fueron planteadas en la Cámara de Diputados, a través de varias iniciativas: una, del diputado hidalguense del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Edmundo Ramírez Martínez, quien fue trabajador indocumentado en Estados Unidos, quien el 8 de marzo del 2007, planteó la reforma a los artículos 118 al 124, así como el 125 y 137 de Ley General de Población (LGP).
Por su parte, el diputado del Partido de la Revolución Democrática (PRD) José Jacques y Medina, propuso derogar los artículos 118 al 124 y el 127, y reformar el Artículo 125 de la Ley.
Y por otro lado, el 13 de marzo de 2007, el diputado por el Partido Acción Nacional (PAN) Cruz Pérez Cuellar, también planteó modificar los artículos 118, 119, 120 y 123 de la LGP.
Argumentaron los legisladores que mantener como hasta esas fechas el estatus migratorio legal de nuestro país solo legitima y otorga elementos adicionales a los actores más conservadores en Estados Unidos para continuar con su campaña de odio contra nuestros connacionales y ayuda a los sectores más racistas del norte en su empeño por considerar a nuestros migrantes como terroristas.
Asimismo, contribuye a que las redes de transnacionales de tráfico de migrantes sigan disfrutando de un negocio ampliamente lucrativo, por lo que resulta necesaria la no criminalización y la despenalización de la migración y de los migrantes.
De igual forma, la minuta de San Lázaro asentaba, que para ser congruentes con la defensa de los derechos humanos de los connacionales, «no sólo se debe buscar la protección de sus derechos en Estados Unidos, sino que es necesario sentar las bases legislativas para que los migrantes que ingresan al nuestro país cuenten con la protección a sus derechos humanos».
Los integrantes de las comisiones de unidas de Población y Desarrollo y de Estudios Legislativos de la Cámara de Diputados coincidieron que era ineludible la tarea de adecuar la Ley General de Población por los compromisos y posturas asumidas por nuestro país con los organismos Internacionales, como la Convención Internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares, el Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas especialmente mujeres y niños y el Protocolo contra el tráfico ilícito de migrantes por tierra, mar y aire.
08/ST/GG
