Inicio Reformas contra ILE restringen derechos, como en Afganistán

Reformas contra ILE restringen derechos, como en Afganistán

Por Sandra Torres Pastrana

Las reformas regresivas para criminalizar o condicionar la interrupción legal del embarazo (ILE) en Sonora, Chihuahua, Colima, Baja California, Nayarit, Querétaro, Morelos, Jalisco, Puebla, Quintana Roo y Campeche, suman estas entidades al deshonroso grupo de países como Afganistán, Irán, Haití, Libia y Somalia (25 por ciento de la población mundial) donde el aborto está penalizado en prácticamente todas las circunstancias.

Así lo declaró Raffaela Schiavon, directora en México de la Organización Internacional IPAS, durante el foro: «Dos años de ejercer nuestro derechos a la interrupción legal del embarazo en el Distrito Federal», que se llevó a cabo ayer en el Antiguo Palacio de Medicina para conmemorar el segundo aniversario de la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) en la Ciudad de México.

En el marco del segundo panel «Situación actual de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres a nivel nacional», Schiavon recordó las recomendación de seis comités de las Naciones Unidas que dan seguimiento y monitorean los derechos humanos de las mujeres. Dichas recomendaciones intentan que los gobiernos no violen y atenten contra los derechos de la mujer al hacer inaccesible el aborto en condiciones de seguridad e higiene.

La especialista añadió que los gobiernos tienen el deber de reducir las restricciones a la ILE y proveer servicios seguros, pues medidas restrictivas van de la mano con la morbilidad materna.

Rafaella Schiavon consideró que el avance en la Ciudad de México con la aprobación de la ILE, hace dos años, ha ocasionado una reacción virulenta de la derecha lo que ha dado lugar a una silenciosa y obscura negociación en las cúpulas que se han aprovechado del desconocimiento y la ingenuidad de la población que generalmente se somete a los intereses y amenazas de los candidatos en campaña.

EN LA CÁRCEL 130 MUJERES POR ABORTAR

Sólo en Guanajuato, aseguró la especialista, 130 mujeres, en su mayoría jóvenes, están en la cárcel por delito de aborto, «mujeres que dejaron a sus hijos pequeños, además existen casos de niñas violadas a quien el Ministerio Público, el médico, el juez, las condenan a tener el producto de la violación, o hay adolescentes y jóvenes a los cuales se les niega un método anticonceptivo».

Finalmente Schiavon destacó que estas leyes están obligando a las mujeres a la clandestinidad y las consecuencias más duras las llevarán a cuestas las mujeres menos informadas y de escasos recursos. En suma, dijo, es la ratificación de la inequidad y del proyecto que impulsan los grupos conservadores y de otros que los apoyan por ignorancia y miedo.

Por otro lado, Fernanda Díaz de León, del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), puntualizó se deben de crear acciones en los estados donde las iniciativas están pendientes: Aguascalientes, Estado de México, Guanajuato, Oaxaca, Querétaro, San Luis Potosí y Veracruz. «Debemos poner al descubierto las alianzas que han hecho los Partidos de Acción Nacional (PAN) y Partido Revolucionario Institucional (PRI)», señaló.

Las reformas a las constituciones locales, indicó Díaz, atentan, menoscaban y eliminan el derecho de la mujer a decidir sobre su cuerpo, dándole al embrión una protección incondicional y absoluta, elevándole a rango constitucional.

Además, refirió que el PRI y PAN desconocen, violentan y transgreden a la máxima instancia de interpretación constitucional, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuya mayoría decidió en agosto pasado que ningún derecho puede ser absoluto, criterio que se pasa por alto al aprobar iniciativas donde se criminaliza el aborto.

PRI Y PAN CUMPLEN DISPOSICIONES DEL VATICANO

En su intervención, Aidé García Hernández, de Católicas por el Derecho a Decidir, sostuvo el importante papel que ha ejercido la Iglesia Católica en las reformas de los estados que protegen la vida desde la concepción.

Recordó que en 2005 el Cardenal Alfonso López Trujillo, amenazó con excomulgar a todos los legisladores católicos que estuvieran participando en iniciativas contra la vida, y a un mes de que se aprobará la ILE en la Ciudad de México, López Trujillo, arremetió contra los partidos políticos que promovían el aborto legal.

García Hernández, dio a conocer que la conducta de la jerarquía católica mexicana responde a las disposiciones doctrinales y a las presiones políticas del Vaticano para que hagan lo necesario y eviten los avances en políticas públicas liberales en materia de derechos sexuales y derechos reproductivos de las mujeres.

Ejemplo de esto es que Benedicto XVI señaló en 2006 durante un congreso que consideran el carácter sagrado de la vida humana desde su concepción hasta su fin natural, discurso que encubre la intención de restringir los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.

Bajo este discurso se deja al descubierto la influencia de la Iglesia Católica en las reformas que avanzan en distintos estados de la República, aprovechándose de la impunidad actual que el partido gobernante le concede para negociar ilícitamente acuerdos con las fracciones parlamentarias a fines a su propia visión y para lanzar amenazas y presiones sobre el legislativo donde no han infiltrado sus demandas, como es el caso del Distrito Federal.

Para García Hernández, de Católicas por el Derecho a Decidir, America Latina y el Caribe es la región con mayor mortalidad materna y embarazos no deseados, un fenómeno creciente que se apoya gracias a la influencia de los Legionarios de Cristo, una de las congregaciones más conservadores y con mayor peso en el seno de la Iglesia católica.

Bajo este escenario, García consideró que es necesario alzar la voz para defender el derecho a la salud y vida de las mujeres y así detener estos convenios que condenan a miles de mujeres a abortos clandestinos.

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