Registran 26 agresiones a mujeres defensoras de los DH

La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México (OACNUDH), reveló que las mujeres activistas siguen en la línea de fuego, ya que de noviembre de 2010 a diciembre de 2012 documentaron 26 agresiones contra mujeres defensoras de las garantías fundamentales.
 
Al presentar el “Informe sobre la situación de las y los defensores de Derechos Humanos en México: actualización 2012 y balance 2013”, Javier Hernández Valencia, representante de la OACNUDH, dijo que en este periodo se registraron 89 agresiones contra activistas, siendo las y los defensores de migrantes los más hostigados.
 
Hernández Valencia expuso que los ataques documentados fueron perpetrados en contra de 26 mujeres, 35 hombres, cuatro familiares y 11 instalaciones de organizaciones civiles, y destacó que en al menos 23 casos las y los defensores amenazados u hostigados contaban con medidas de protección antes de las agresiones.
 
Explicó que las personas agredidas se dedican a promover los derechos de la población migrante, los derechos civiles, económicos, sociales, culturales y ambientales, y de las mujeres y los pueblos indígenas.
 
Además el representante de la ONU acotó que hay mujeres que defienden diversas causas, por lo que hay que poner atención a la perspectiva de género.
 
Entre los casos que recoge la investigación para ilustrar las agresiones contra mujeres y defensoras de los derechos femeninos, se menciona el de Marisela Escobedo, asesinada el 6 de diciembre de 2010 cuando se manifestaba afuera del Palacio de Gobierno de Chihuahua, para exigir justicia por su hija asesinada.
 
De los casos de Chihuahua también se documentan las agresiones contra Marisela Ortiz y María Luisa García Andrade, fundadoras de la organización Nuestras Hijas de Regreso a Casa, dedicada a combatir la impunidad en los casos de desapariciones y feminicidio en Ciudad Juárez.
 
Otra defensora que comparte la misma lucha es Norma Andrade, presidenta de Nuestras Hijas de Regreso a Casa, quien en diciembre de 2011 sufrió un atentado con arma de fuego en Ciudad Juárez y de nuevo en febrero de 2012 otra agresión con un arma punzocortante en la Ciudad de México.
 
A estos casos ocurridos en el norte del país se suman el intento de secuestro de Flor Karina Cuevas Vásquez, visitadora de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Ciudad Juárez, ocurrido en diciembre de 2011, y el asesinato de Manuela Martha Solís, integrante de El Barzón y asesinada en octubre de 2012.
 
Asimismo se cuenta el hostigamiento contra Diana Esther Morales Rincón, abogada del Centro de Derechos Humanos Paso del Norte; las amenazas de muerte contra Obtilia Eugenio Manuel, presidenta de la Organización del Pueblo Indígena Tlapaneco en Guerrero, y la desaparición de Eva Alarcón Ortiz, coordinadora de la Organización de Campesinos Ecologistas de la Sierra de Petatlán y Coyuca de Catalán, también en Guerrero.
 
Igual de preocupantes son los allanamientos de agrupaciones que trabajan temas relacionados con los derechos de las mujeres, como Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad-Oaxaca, en noviembre de 2011, y de Comunicación e Información de la Mujer (CIMAC), ocurrido en mayo de 2011.
 
Otros casos que se citan en el informe de la OACNUDH son las amenazas contra la periodista y activista por los derechos femeninos Lydia Cacho; la cofundadora de la Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo de Tehuantepec en Defensa de la Tierra y el Territorio, Bettina Cruz Velázquez, entre otros.
 
Según el informe de los 89 casos, el 38 por ciento fueron amenazas; 13 por ciento injerencias arbitrarias; 12 por ciento actos de hostigamiento; 11 por ciento asesinatos; 11 por ciento detenciones arbitrarias; 6 por ciento atentados; 7 por ciento uso arbitrario del sistema penal, y 2 por ciento casos de desaparición forzada.
 
Respecto a los presuntos responsables de las agresiones, Hernández Valencia dijo que 37 casos se investigaron, lo que indica que apenas el 40 por ciento de los casos monitoreados tienen respuesta institucional.
 
No obstante, el representante de este organismo internacional precisó que una investigación penal no siempre garantiza justicia, porque de los casos que recoge el informe sólo en tres hubo detenido, pero hasta ahora no hay una sentencia condenatoria firme, lo que indica que el Estado tiene retos pendientes.
 
En este tema mencionó que en 2009 la OACNUDH presentó su primer informe sobre agresiones a personas defensoras de DH y en ese entonces hizo 10 recomendaciones a México a fin de ayudar a mejorar la respuesta institucional sobre el tema, pero no todas las recomendaciones fueron atendidas.
 
En el actual reporte de Naciones Unidas se hizo un balance sobre el cumplimiento de las recomendaciones formuladas hace cuatro años, las cuales no son de carácter obligatorio, y destacó que éstas se deberían retomar, ya que la nueva administración ya se ha pronunciado a favor de los Derechos Humanos (DH) en el Pacto por México y el Plan Nacional de Desarrollo.
 
Hernández Valencia destacó que falta que se regule el uso de la fuerza para garantizar el derecho a la protesta social, que se reconozca y garantice la radiodifusión comunitaria, y que las entidades y los municipios refuercen el reconocimiento a la labor de las y los activistas, pues no basta con el reconocimiento de las instituciones federales.
 
Entre los avances, la OACNUDH reconoció que el 10 de junio de 2011 se publicó el decreto de reforma constitucional en materia de DH, mediante el cual se modificaron 11 artículos de la Constitución. Otro logro, resaltó, fueron las reformas a la Ley de Amparo.
 
Destacó también la publicación de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, que dio origen a la creación de un Mecanismo de Protección, pero afirmó que esta herramienta no es la panacea y detalló que su creación se concibió alrededor de las deficiencias institucionales, por lo que aún debe mejorar. 
 
13/AGM/RMB