Los abusos en contra de las mujeres víctimas de la trata de personas en México continuarán, debido a los huecos significativos que han quedado en el Reglamento de la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas, publicado en febrero pasado, aseguran la presidenta de la Comisión de Equidad y Género en la Cámara de Diputados, Maricela Contreras y el Colectivo Contra la Trata de Personas, conformado por diversas organizaciones civiles, como Sin Fronteras IAP e Infancia Común.
El Reglamento de la Ley para prevenir y Sancionar la Trata de personas, señaló la legisladora perredista es ordinario, tardío y sin ninguna muestra de interés en el tema. Es similar a cualquier otro reglamento y no establece plazos concretos para la realización de acciones claras en torno al adecuado manejo de los casos denunciados.
Gabriel Pérez, representante de Sin Fronteras IAP, coincide con la legisladora y resalta particularmente el Artículo tres del Reglamento, en el cual se condicionan la atención y protección, dotando de estos derechos solamente a las mujeres que inicien un proceso penal contra sus agresores.
La Presidenta de la Comisión de Equidad y Género en la Cámara de Diputados apuntó además que lo mínimo esperado por la sociedad era un Reglamento específico y detallado, y se observa un documento con tintes únicamente administrativos, cuando se está frente a una situación de violación de derechos humanos de cientos de mujeres mexicanas y extranjeras.
Contreras argumenta que por la tardanza en la publicación del Reglamento y la ausencia de un Programa Nacional para la Atención de la Trata de Personas, dicha Ley no contará con un presupuesto para su operación, posiblemente hasta 2011.
«Ya que se da hasta un año para que pueda publicarse dicho Programa, se tiene una ley muerta en su aplicación, mientras las redes de la delincuencia organizada siguen actuando y lucrando con ese ilícito».
Aunado a esto, subraya los actos de corrupción, las carencias y fracasos continuos de la Secretaría de Seguridad Pública como organización, y manifiesta su descontento porque el Reglamento ponga en las manos de ésta la atención y protección de las víctimas de la trata de personas.
Para la perredista, la instancia creada mediante el Acuerdo A/024/08 de la Procuraduría General de la República para la investigación y persecución del delito de trata de personas, la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (Fevimtra), se halla totalmente extraviada, ya que por ningún lado del Reglamento se especifica su actuación.
Además, dice, el ordenamiento es omiso en cuanto a la delincuencia organizada, que es la vía como verdaderamente operan las mafias responsables de este delito. Desde su punto de vista, se pretende cobijar con la impunidad a las grandes redes delincuentes de trata de personas.
Al igual que Contreras, la integrante de Infancia Común, Mónica Salazar, externa que tampoco se advierte en el Reglamento una definición concreta de las facultades para otras instancias de gobierno, o relacionadas con el tema, como el Instituto Nacional de la Mujeres; sólo se menciona a la Secretaría de Seguridad Pública, la Procuraduría General de la República y la Secretaría de Gobernación.
Otro punto que debe recalcarse, dicen, es que no existen dependencias contempladas, las cuales sean especializadas en el tratamiento médico y psicológico de las víctimas. Por tanto, éstas no contarán con una ayuda integral.
Al respecto, Sin Fronteras IAC e Infancia Común agregan que el Reglamento además limita a las organizaciones civiles y a la academia, señalándolas como meramente consultivas, permitiéndoles la voz, más no el voto.
«En resumen, el Reglamento no contempla que el delito de la trata de personas debe verse desde una óptica de derechos humanos, de migración internacional y de seguridad pública. Por ello, urge que el Gobierno Federal lo revise y establezca conforme a lo que señala la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas, publicada en 2007», concluyó la legisladora.
09/NBS/GG
