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Regresó la guerra sucia a Oaxaca: Valentina Batres

Por Sandra Torres Pastrana

Justo este año en que la humanidad celebra el 60 Aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, México lo hará con su récord de crímenes contra periodistas, impunidad y con el regreso de la guerra sucia en Oaxaca.

Así lo dijo ayer en el Senado de la República Valentina Batres Guadarrama, diputada por el Partido de la Revolución Democrática (PRD) e integrante de la Comisión legislativa de Derechos Humanos.

Ni el Gobierno federal ni la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, ni la Suprema Corte de Justicia de la Nación han querido detener el estado de impunidad en que vive el estado de Oaxaca, “que raya ya en la inmundicia”.

Reiteró que Ulises Ruiz, en contubernio con el Gobierno federal del Partido Acción Nacional (PAN) y de las instituciones del Estado, sigue estando al frente del Gobierno de Oaxaca, a pesar de estos dos años de represión, abusos, violaciones a los derechos humanos, impunidad y asesinatos, con su saldo de por lo menos 20 muertos, 349 detenidos y 370 lesionados.

En Oaxaca se estableció una estrategia jurídica, policíaca y militar cuyo objetivo último es lograr el control e intimidación de la población civil, afirmó Batres, sobre todo en zonas en las que se desarrollan procesos de organización ciudadana o movimientos de carácter social no partidista.

Asimismo, la diputada Batres señaló que por lo menos hay dos averiguaciones previas que señalan a Lizbeth Caña Cabeza, ex procuradora general de Justicia de la entidad; a Jorge Franco Vargas, ex secretario de Gobierno, y a los tenientes de Navío y Fragata, Manuel Moreno Rivas y José Manuel Vera Salinas, ex directores de las policías Ministerial y Preventiva del estado, respectivamente, como los creadores de la Unidad Ministerial de Intervención Táctica que se dedica a perseguir a los opositores del gobierno de Ulises Ruiz.

Por otro lado, agregó, el general Alfredo Oropeza Garnica, quien comandó hasta el mes pasado la Octava Región Militar, inculpa concretamente a la Unidad Ministerial de Intervención Táctica por realizar actividades como delincuencia organizada, que tiene que ver con narcotráfico, extorsiones y secuestros, y de las que se derivan asesinatos como parte de las disputas por las plazas del narcotráfico.

Aunado a esto, dijo Batres, es ya “normal” en Oaxaca la muerte de periodistas, atentados contra locutores y medios de comunicación independientes, homicidio de indígenas y detenciones de menores de edad, secuestro, tortura y desaparición de dirigentes sociales, instalación de centros de detención clandestinos, detenciones masivas sin órdenes de aprehensión, tanto de líderes populares como de ciudadanos comunes, y agresiones sexuales.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), afirmó Batres, no se atrevió a responsabilizar al Titular del Poder Ejecutivo del estado de los crímenes realizados durante las manifestaciones populares del 2006. Y sostuvo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación no ha podido concluir la investigación que le solicitó la Cámara de Diputados respecto de la represión contra el pueblo oaxaqueño.

La diputada Batres denunció que ninguna autoridad nacional ha tomado cartas en el asunto, aunque los organismos internacionales de derechos humanos han realizado diversos e insistentes llamados de atención por los casos de Atenco, Oaxaca y Chiapas, además por los crímenes contra periodistas en el país.

Es el colmo, dijo finalmente la legisladora, que la Suprema Corte, máxima autoridad de justicia, haya advertido que hay violaciones graves a las garantías constitucionales de las y los ciudadanos y excesos por parte de las fuerzas de seguridad, y que no pueda sancionarlos, pues su facultad está limitada exclusivamente a la investigación de los hechos.

08/STP/GG/CV

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