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¿Regularización migratoria ó propaganda política?

Por la Redacción

Para que los y las extranjeras cuenten con documentación que compruebe su legal estancia en México, desde el 2000 el Instituto Nacional de Migración (INM) abrió de manera periódica programas de regularización migratoria (PRM) dirigidos a quienes tengan parentesco con mexicanos o mexicanas o con hijos nacidos en territorio nacional, documentación que les permitiría contar con mejores condiciones de estancia en el país, mediante el reconocimiento de una personalidad jurídica.

Los resultados, al menos en la frontera sur, no han sido los esperados.

Así lo demuestra la experiencia en los procesos de regularización migratoria que ha venido desarrollando el INM con apoyo del Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova en Tapachula, Chiapas.

Durante el desarrollo del PRM en 2004, el Centro gestionó 432 solicitudes de regularización y hasta la fecha solamente hemos obtenido 32 formas migratorias concluidas (FM3). Entre las razones del atraso están la falta de personal necesario y especializado en el área de regularización en la delegación del INM en Tapachula. Actualmente son pocas las personas y son voluntarios quienes han brindando la atención al público. Así mismo, la falta de equipo de cómputo para capturar la información y procesar los datos de los solicitantes ha hecho imposible la realización de la tarea.

Los factores anteriores obstaculizaron el proceso de regularización también en el 2005.

Al Centro Fray Matías le preocupa que el pasado martes 26 de julio, durante la visita de la Comisionada del INM a Tapachula –en el contexto de la visita de un grupo de diputados salvadoreños y Ministro de Relaciones Exteriores de El Salvador a la zona fronteriza para conocer la «ruta de la migración»– anunciara la apertura del PRM 2005 para el primero de septiembre, que debe concluir en marzo de 2006.

Es significativo el número de personas beneficiadas con estos programas, de ahí la importancia de que el INM no invierta los recursos materiales y humanos necesarios para desarrollar las actividades necesarias para cumplir los objetivos del programa, buscando más el impacto político del anuncio público que la realización del programa.

Lo anterior, parece evidente también después de conocerse que la Comisionada del INM, en su última visita –probablemente buscando dar una buena imagen a los invitados salvadoreños– hizo un recorrido por las vías del tren en Tapachula, donde el Grupo Beta repartió latas de atún y galletas a los migrantes como «gancho» para que se reunieran y posteriormente la funcionaria platicara con migrantes en tránsito mostrando cierto interés en la problemática de esta población altamente vulnerable.

En contraste con estas acciones coyunturales, la política diaria que vive esta población es la represión permanente y la violencia durante toda la travesía en la ruta que transita el ferrocarril hacia el norte del país. Quizás la razón de estos cambios de actitud de la Comisionada sean debido a su renuncia del cargo que dio a conocer en esta misma localidad, para incorporarse a la campaña por la presidencia de la República del ex secretario de Gobernación Santiago Creel.

05/RM/GM

• Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova, AC

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