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Repara gobierno de Baja California daño a Paulina

Por María de la Luz González

Tras varios años de negociación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el gobierno de Baja California reconoció su responsabilidad en la negación del acceso al aborto legal a Paulina Ramírez, una joven víctima de violación, y aceptó reparar el daño causado.

En un acuerdo firmado ante la CIDH el gobierno estatal se comprometió además a impulsar en el Congreso local un proyecto legislativo para reglamentar el acceso al aborto por violación en la entidad, una de las demandas centrales que planteó Paulina en su queja ante el organismo.

Los gobiernos federal y local se comprometieron a entregar a la joven los recursos necesarios para garantizarle estabilidad laboral y servicios de salud para ella y su hijo hasta que éste sea mayor de edad o concluya estudios universitarios, así como atención psicológica y asesoría para que pueda constituir una microempresa.

El gobierno de Baja California entregará a Paulina 26 mil dólares por concepto de reparación del daño, además de cubrir los gastos judiciales y de trámites, mientras el gobierno Federal, por conducto de la Secretaría de Desarrollo Social, le entregará 20 mil pesos para que inicie su micro empresa.

Marta Lamas, fundadora del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), una de las organizaciones que representaron a la joven, dio a conocer los términos del acuerdo, que será oficializado mañana 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer.

La activista consideró que si bien el monto que recibirá la joven como reparación no es una gran suma de dinero, lo más importante del acuerdo es el reconocimiento de responsabilidad del gobierno estatal, así como su compromiso de promover las reformas legislativas para que no se repita la situación que ella vivió.

El acuerdo fue ratificado hoy en la sede de la CIDH por los gobiernos federal y estatal, GIRE, Center for Reproductive Rights y el Centro Alaíde Foppa, las organizaciones que representaron a Paulina en el litigio.

El caso de Paulina, a quien en 1999 el gobierno de Baja California le negó su derecho al aborto legal, se convirtió en el ejemplo emblemático de las violaciones a los derechos reproductivos de las mujeres en México y obtuvo el respaldo de organismos nacionales e internacionales.

El acuerdo logrado en la CIDH sienta un importante precedente en el debate que existe en México sobre el tema, pues 29 de las 32 entidades del país carecen de mecanismos para garantizar a las víctimas de violación un aborto legal seguro.

06/LMG/LR

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