El nuevo programa social que sustituye a Oportunidades podría imponer métodos anticonceptivos a las indígenas, lo que violentaría sus derechos reproductivos.
Durante su Segundo Informe de Gobierno, Enrique Peña Nieto anunció la transformación del programa social Oportunidades al programa Prospera, que tiene como objetivo “disminuir la pobreza en el país”.
El nuevo programa pretende vincular la política social con la actividad productiva, ya que las personas beneficiarias podrán recibir becas para estudios superiores, y quienes busquen trabajo tendrán prioridad en el Servicio Nacional del Empleo, según declaró el Ejecutivo.
El pasado 5 de septiembre se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto que crea la Coordinación Nacional de Prospera Programa de Inclusión Social. Sin embargo, las reglas de operación y el presupuesto para su cumplimiento aún están pendientes.
Daniel Aceves Villagrán, director del Programa Oportunidades del Seguro Popular, anunció que Prospera arrancará con una fuerte campaña de planificación familiar, principalmente dirigida a comunidades indígenas y rurales, ya que se considera “preocupante” el incremento en el índice de embarazos en niñas y adolescentes.
Ante el anuncio, expertas en derechos sexuales y reproductivos advierten que el nuevo programa carece de perspectiva de género y señalan que existe el riesgo de que implique un retroceso en el reconocimiento de garantías para las mujeres.
Raffaela Schiavon Ermani, directora de Ipas-México, observa una absoluta ausencia de una visión de género en la propuesta del programa, además de que invisibiliza a los hombres como corresponsables de los embarazos, y no reconoce las razones por las que las jóvenes se convierten en madres a edades tempranas.
Recuerda que el embarazo en la juventud y adolescencia –como también lo ha señalado el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA)– es resultado de la falta de poder de decisión y de circunstancias que están fuera del control de las niñas o las adolescentes, o consecuencia de la violencia sexual.
Aunque Schiavon Ermani celebra que se reconozca el problema, acota que el ofrecimiento de métodos anticonceptivos no es la vía para disminuir los embarazos tempranos, tal y como se pretende hacer con Prospera.
Si bien los embarazos prematuros –agrega– contribuyen a perpetuar la pobreza entre las jóvenes rurales e indígenas, este flagelo “no se resuelve solamente limitando la fecundidad”, ya que también se relaciona con la falta de educación de calidad y de oportunidades de empleo y desarrollo.
La doctora y activista asegura que desde la sociedad civil se da la bienvenida a los programas que acerquen los métodos anticonceptivos a la juventud, siempre y cuando se garantice que habrá una amplia gama de ellos y se incluya la anticoncepción de emergencia, especialmente en el caso de violencia sexual y cuando exista un riesgo para la vida y salud de las jóvenes.
FALTA VISIÓN DE DERECHOS
Libertad Enríquez Abad, coordinadora del programa de Jóvenes, Salud Sexual y Derechos de la organización Salud Integral para la Mujer (Sipam), señala que sería preocupante que el programa se centre en el control de la natalidad (planificación familiar) y no en una visión más amplia de derechos.
Explicó que el reconocimiento y ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos –lucha que por años han dado activistas– tienen que ver con una visión integral, por ejemplo, con reconocer el disfrute y goce de relaciones sexuales placenteras, y no sólo ver la posibilidad de tener o no hijas o hijos o un embarazo, que es a lo que apunta la planificación familiar.
Oriana López Uribe, subdirectora de la organización civil Balance, sostiene que cuando se piensa en trabajar en el desarrollo del país y en la disminución del índice de pobreza son necesarias propuestas estructurales más complejas, lo mismo ocurre en el caso de la atención y prevención del embarazo en adolescentes.
Si bien el acceso a métodos anticonceptivos es un componente importante “no es suficiente”, toda vez que –explica– también se debe garantizar que la normatividad asegure que las y los prestadores de los servicios de salud garanticen esos derechos, estén capacitados y no impongan barreras culturales e ideológicas.
Para la activista llama la atención que en la primera etapa de Prospera se plantee el uso de anticonceptivos permanentes (ligadura de trompas e histerectomía) en las jóvenes, porque al parecer esto será un indicador de cumplimiento del programa, lo que abre la puerta a que se condicionen los beneficios del programa al uso de determinados métodos.
Prospera –si realmente quiere avanzar hacia la disminución de la pobreza y de los embarazos tempranos– tiene que plantear cambios estructurales y no asistencialistas, pues a decir de la especialista el embarazo en las adolescentes es una situación compleja que se tiene que analizar con detenimiento.
Por otra parte, las expertas coinciden en la preocupación de que los materiales e intervenciones sean diseñados desde la interculturalidad, pues “el sólo hecho de escribir historietas en lenguas indígenas no garantizara que la información llegue a estas mujeres, pues se debe considerar que muchas lenguas no tienen un lenguaje escrito, así como los altos índices de analfabetismo de estas comunidades”.
Además piden que las mujeres de estas poblaciones sean incluidas en el diseño, implementación y seguimiento del programa, y que desde el programa se propongan alternativas para las jóvenes y adolescentes que ya son madres y quienes tienen necesidades específicas.
En declaraciones recientes a Cimacnoticias, Patricia Chemor Ruíz, secretaria general del Consejo Nacional de Población (Conapo), aseguró que de ninguna manera la visión del Estado mexicano y del programa Prospera sea responsabilizar a las adolescentes por la no prevención de un embarazo.
De acuerdo con la funcionaria, Conapo participa en la elaboración de un diagnóstico para identificar las necesidades de estas poblaciones y cuyos resultados serán incluidos en el diseño de las reglas de operación de Prospera, próximas a publicarse.
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