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Reportaje – Dejó 2012 estela de violencia contra defensoras

Por Anayeli García Martínez

El 2012 fue un año funesto para la libertad de expresión y para la defensa de los Derechos Humanos, ya que continuaron las agresiones contra periodistas y activistas.
 
En el año que recién concluyó los ataques contra periodistas y defensoras y defensores de los Derechos Humanos (DH) fueron una constante, según reportes de Amnistía Internacional (AI), el Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos) y Comunicación e Información de la Mujer (CIMAC).
 
De acuerdo con las investigaciones, las agresiones fueron desde las amenazas, el hostigamiento, las detenciones arbitrarias, la desaparición, las agresiones físicas y los asesinatos, y en este contexto por primera vez se presentó un análisis que desentraña las diferencias de género de esta violencia.
 
En octubre pasado CIMAC presentó el “Informe Diagnóstico de Violencia contra Mujeres Periodistas”, que documenta las desigualdades de género en el ejercicio de esta profesión y los tipos de violencia que padecen las informadoras.
 
Se detectó que las periodistas viven violencia psicológica a través de amenazas contra sus hijos o familiares y violencia sexual por medio del acoso, además de condiciones precarias de empleo.
 
Los testimonios recogidos por CIMAC durante los últimos 12 meses indican que hubo 35 agresiones a mujeres periodistas, además de un asesinato, una desaparición y el exilio de otra comunicadora.
 
El homicidio de la corresponsal de la revista Proceso en Veracruz, Regina Martínez López, ocurrido el 28 de abril de 2012, marcó la crisis de seguridad para la prensa en aquel estado y en todo el país.
 
En Veracruz se prendieron los focos rojos ante el ambiente hostil que ya había cobrado la vida de cinco periodistas, pero el crimen contra Regina fue alarmante porque las autoridades lo tildaron de “pasional”.
 
Tras las críticas, las autoridades rectificaron y señalaron que el móvil del crimen fue un robo, y presentaron a Sergio Hernández Martínez, Jorge Antonio Hernández Silva y José Adrián Hernández Domínguez como los responsables.
 
A ese asesinato se sumó el exilio de la periodista Karla García Ramírez, quien abandonó México desde 2008 luego de ser amenazada de muerte por denunciar la presunta corrupción en el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta). Canadá le otorgó el asilo a la comunicadora por razones “humanitarias y de compasión” hasta abril de 2012.
 
También ocurrió la desaparición el pasado 26 de octubre de la informadora Jazmín Alcaraz López, conductora de un noticiario nocturno en Rioverde, San Luis Potosí.
 
VIDAS BAJO AMENAZA
 
En diciembre pasado AI presentó el informe “Transformar el dolor en esperanza: defensoras y defensores de Derechos Humanos en América”, en el que explica que la discriminación por sexo causa los altos índices de violencia contra las mujeres.
 
La organización agregó que las propias defensoras y defensores de DH que luchan por que se haga justicia a las mujeres víctimas y sobrevivientes de actos de violencia, han sido blanco de ataques.
 
Un ejemplo de lo anterior es Norma Andrade, fundadora de la organización chihuahuense Nuestra Hijas de Regreso a Casa.
 
El 3 de febrero de 2012 un sujeto la agredió con un cuchillo en su casa en el DF. Ése fue el segundo atentado en su contra luego de que el 2 de diciembre de 2011 salió de Ciudad Juárez tras un ataque con arma de fuego.
 
La Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos reiteró que las defensoras dedicadas a promover los derechos femeninos en América están más expuestas a los asesinatos.
 
En 2012 fueron asesinadas Fabiola Osorio Bernáldez y Juventina Villa Mojica, en Guerrero, y Manuela Martha Solís Contreras en Chihuahua. Al parecer, las tres activistas perdieron la vida por enarbolar causas que consideraban justas.
 
Fabiola Osorio era defensora ecologista y se oponía a la construcción de un muelle que afectaría la supervivencia del manglar de Pie de la Cuesta, en Acapulco, Guerrero. El 31 de mayo fue encontrada asesinada a balazos en su casa.
 
Juventina Villa fue otra ecologista asesinada, junto con su hijo de 17 años, el pasado 28 de noviembre al ser interceptada y agredida a balazos por desconocidos, en la comunidad de La Laguna, municipio de Coyuca de Catalán.
 
Ante este ambiente de acoso y el aumento de las agresiones contra defensoras y periodistas, se vio la necesidad de crear e implementar mecanismos de protección, señala Cencos.
 
Así, el 30 de abril de 2012 se aprobó la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, promulgada en el Diario Oficial de la Federación el 25 de junio.
 
La ley crea el Mecanismo de Protección a Defensores de Derechos Humanos y Periodistas que –a decir de Cencos– es sólo un paso para brindar protección, pero aún es necesario hacer mucho más para asegurar la integridad de las y los activistas.
 
13/AGM/RMB/LGL

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